Ante la controversia por filtraciones desde causas que involucran a funcionarios públicos, el fiscal nacional, Ángel Valencia, propuso modificar el Código Procesal Penal para limitar la facultad de presentar querellas en estos casos, y así, evitar la pérdida de la trazabilidad al entregar las respectivas carpetas investigativas.
El jefe del Ministerio Público lo sugirió este miércoles, en el marco de su tercera Cuenta Pública en el cargo, que tuvo lugar tras las revelaciones del "pinchazo" a Miguel Crispi, exjefe del Segundo Piso de La Moneda, y de que trascendiera que también se buscó intervenir el teléfono del Presidente Gabriel Boric.
Durante su discurso, Valencia puntualizó que "con el objeto de prevenir el acceso instrumental a la carpeta investigativa por parte de terceros, que no tienen un vínculo real con los hechos, y que buscan únicamente conocer o difundir su contenido, se propone restringir la legitimación activa para querellarse en ciertos delitos cometidos por funcionarios públicos".
"En específico, hemos sugerido eliminar la posibilidad de que cualquier persona pueda presentar querella en estos casos, limitando esta facultad exclusivamente a quienes acrediten un interés legítimo y directo en la investigación, ya sea por su relación con los hechos, con las víctimas afectadas, o por resultar directamente perjudicadas por el eventual ilícito", planteó el fiscal nacional.
Por su parte, el líder de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, explicó que "las solicitudes de interceptaciones y medidas intrusivas se fundan en el mérito de los antecedentes que contienen las investigaciones, no mirando a la persona o a las personas que eventualmente están involucradas".
"En todo caso, esas solicitudes pasan por el cedazo y el control de los jueces de garantía que tienen que hacer el análisis de mérito correspondiente. De tal manera, que en esto, más que tener una opinión, observamos siempre con cierta distancia cualquier tipo de manifestaciones que provengan desde la política", sostuvo.
Boric: "Nadie está por sobre la ley en Chile"
El Mandatario estuvo presente en esta ceremonia, e incluso ingresó junto a Valencia al auditorio del ente persecutor, donde luego se encontró con el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien supuestamente ordenó la intervención de su teléfono, por el caso ProCultura.
Después de las reacciones cruzadas en el Gobierno, con la vocera (s) Aisén Etcheverry consultando si se solicitó o no esa diligencia, mientras que el ministro de Seguridad, Luis Cordero, consideró que exigir tal información a otro poder del Estado no corresponde, Boric matizó que "hay que dejar que las instituciones funcionen".
"Como Presidente de la República, como Jefe de Estado, tengo una profunda convicción en que hay que dejar que las instituciones funcionen, y que nadie en Chile está por sobre la ley. Confío en la institucionalidad chilena, y personalmente, y todo el Gobierno -es la instrucción que yo he dado- siempre va a tener toda la disposición para colaborar con la Justicia en el cumplimiento de la ley", subrayó a la salida de la actividad.
Diputados relevan autonomía de la Fiscalía
De todos modos, las diversas posiciones dentro del Gobierno por este tema se han tomado el debate: el presidente de la Cámara Baja, José Miguel Castro (RN), observó que "al parecer, (en el Ejecutivo) no están teniendo reuniones muy seguido".
"La línea que ha seguido el ministro Cordero me parece correcta, que es mantenerse ajenos, pero la vocera no ha entendido la diferencia que existe entre los poderes del Estado. No podemos interferir en las decisiones que tome un fiscal, sobre todo, si son para investigar delitos", emplazó el opositor.
Desde el oficialismo, el diputado socialista Raúl Leiva coincidió en que "no solicitaría explicaciones en caso alguno al Ministerio Público, porque es autónomo en la investigación, y quien tiene que controlar esas medidas intrusivas y estas técnicas especiales de investigación son los Tribunales de Justicia".
