Seis intervinientes apelaron a las medidas cautelares impuestas por el Juzgado de Garantía de Coronel a tres de los imputados -entre ellos, el alcalde Boris Chamorro (PS)- en el presunto caso de corrupción denominado Puerto Coronel.
Al jefe comunal se le acusa de 21 delitos de cohecho por la supuesta recepción, de manera "constante y mensual", de montos que suman un total de 82 millones de pesos desde la empresa mencionada.
Sin embargo, ni él ni los demás imputados -que fueron sometidos a seis jornadas de formalización- quedaron en prisión preventiva, sino -en su mayoría- con arresto domiciliario parcial y total.
Por ello, tal como lo habían adelantado, tanto el Consejo de Defensa del Estado (CDE) como la Fiscalía apelaron a la resolución del tribunal y pidieron la máxima cautelar para Chamorro, el expresidente del directorio de la empresa Eduardo Hartwick y el exconcejal socialista Eduardo Araya.
"El CDE interpuso apelaciones porque consideramos que las medidas cautelares dictadas por el tribunal no son las apropiadas. Tampoco compartimos los fundamentos de la sentencia, sobre todo cuando no da por acreditado todos los hechos punibles por los cuales presentamos una querella", dijo Georgy Schubert, abogado procurador fiscal del ente en Concepción.
"Así que esperamos que la Corte de Apelaciones de Concepción conozca este caso probablemente el día jueves para revocar la sentencia", añadió.
También apeló a las cautelares el Servicio de Impuestos Internos (SII), que además es querellante en la causa por eventuales delitos tributarios.
Esto, ya que según el Ministerio Público existía una red en que se lavaba dinero con facturas ideológicamente falsas, donde posteriormente llegaba el dinero en efectivo a autoridades como Chamorro.
Defensa desestimó que haya "mutación importante" en la cautelar
El abogado defensor del alcalde Chamorro, Waldo Ortega, apuntó a los seis días de formalización como un indicio de que la Corte de Apelaciones no agravará la cautelar de su representado.
"Una semana de antecedentes expuestos por la Fiscalía, el CDE y los querellantes no se puede replicar en la Corte de Apelaciones y, además, la resolución está suficientemente fundada para efectos de que sea mantenida", dijo el jurista.
"Por lo tanto, creemos que no debiera existir una mutación importante en este fallo", sostuvo.
Fiscalía pide cautelares "desproporcionadas" para "el aplauso en RRSS"
Por otra parte, Andrés Cruz, abogado defensor del exconcejal socialista Eduardo Araya -que quedó sin medidas cautelares-, calificó de "desproporcionada" la petición de Fiscalía de dejarlo en prisión preventiva.
"Ni siquiera se han dado por configuradas las hipótesis que permiten dar por establecida la existencia del delito y de la participación de mi representado en los hechos", dijo el letrado.
"Por lo tanto (...), da la impresión que lo que se está haciendo es obtener un aplauso de la galería o de las redes sociales, o utilizar esta cautelar como una pena anticipada o como una forma de forzar futuros acuerdos. En el fondo, es lanzar una red para ver quién cae", criticó Cruz.
