Algunos habitantes de la antigua Colonia Dignidad esperan frenar el desalojo desde este excentro de represión de la dictadura, renombrado Villa Baviera en 1991, que pronto se convertirá en un memorial, según ordenó el Presidente Gabriel Boric.
La expropiación de 116 de las 4.800 hectáreas del lugar se hará a costa de los 122 colonos que deberán venderle al Estado parte de su propiedad, incluida el área donde están sus viviendas.
"Los colonos conocen cada detalle, cada edificio, cada árbol. Y donde antes sufrieron y trabajaron obligatoriamente, (...) quieren mantenerlo y contarlo como suyo, como su esfuerzo", afirmó Anna Schnellenkamp, nacida en Villa Baviera hace 48 años.
Anna es la hija de Kurt Schnellenkamp, ya fallecido, acusado por la justicia como cómplice del líder de la excolonia, el fallecido Paul Schäfer, quien cumplió su condena en prisión.
Durante décadas en este enclave alemán en el sur de Chile, se violaron derechos humanos, y unos 250 pobladores fueron sometidos a condiciones de esclavitud por Schäfer, el que también permitió que el territorio fuera un centro de prisión, tortura y desaparición de opositores a la dictadura de Augusto Pinochet.
De acuerdo con datos oficiales, 26 detractores del régimen militar desaparecieron en la colonia, y decenas de personas fueron secuestradas y torturadas.
"El sitio de memoria más grande del país"
El Gobierno busca completar el proceso de expropiación antes de marzo próximo, cuando Boric entregará el poder a su sucesor.
"Va a ser el sitio de memoria más grande que va a tener nuestro país", y tendrá un destino de recordación similar al de los campos de concentración del régimen nazi en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, explicó a la agencia de noticias AFP el ministro de Justicia, Jaime Gajardo.
La colonia hoy opera como un centro de producción agrícola y cárnica, que surte al mercado nacional. También funcionan un restaurante y un hotel. En Villa Baviera también trabajan unos 200 chilenos.
Las fábricas, como las demás construcciones, serán expropiadas y se pondrá fin a la vida en la colonia tal como se conoce hasta ahora.
"Prácticamente (nos) está quitando toda nuestra existencia", lamentó Markus Blanck, de 50 años y uno de los directivos empresariales del enclave.
Como en el caso de Schnellenkamp, el padre de Blanck también fue acusado como cómplice de Schäfer. Hans Blanck falleció antes de su sentencia.
De momento, los pobladores afectados no han definido si se reubicarán dentro o fuera del terreno que no será expropiado.
Desde el Gobierno, aseguran cumplir con la legislación: "Hay un interés nacional de mantener el patrimonio histórico de nuestro país", y "como está muy reglamentada la expropiación, el Estado chileno tiene que pagar el precio justo que tienen estos bienes expropiados", apunta el ministro Gajardo.
No descartan acciones legales
Fue con la captura de Schäfer que las cosas comenzaron a cambiar: Los colonos pudieron casarse, vivir con sus hijos y enviarlos a la escuela, y recibir su primer sueldo.
En el interior del enclave conviven maltratados y maltratadores, muchos de ellos con vínculos familiares entre sí, pero cada colono se reconoce hoy como víctima de Schäfer.
No obstante, ahora enfrentan como una nueva amenaza la orden de expropiación, la que esperan resistir en los tribunales.
"Uno siente un tipo de venganza contra nosotros (...) que somos prácticamente los hijos de los que cometieron esos errores y también crímenes", reflexiona Blanck.
"¿Por qué (desde el Gobierno) cierran los ojos? Son 63 años que vivimos aquí bajo brutales condiciones", clama Horst Schaffrick, de 66 años.
