El proyecto de ley deberá ser discutido también en las Comisiones de Seguridad y Constitución para continuar su trámite legislativo.
La senadora Yasna Provoste (DC) aseguró que "se abre una discusión indispensable".
La Comisión de Derechos Humanos del Senado aprobó este lunes la idea de legislar el proyecto que pretende conceder indultos a los detenidos por delitos vinculados al estallido social de ocubre del 2019.
Con 3 votos a favor y 2 en contra, el proyecto de ley presentado por un grupo de senadores de oposición deberá ser discutido también en las comisiones de Seguridad y Constitución para continuar su trámite legislativo.
La senadora Yasna Provoste (DC) argumentó "se abre una discusión indispensable" respecto a la situación de las personas detenidas, "en cuyos procesos se han demorado más de un año, sin que avancen mínimamente".
El senador del Frente Amplio Juan Ignacio Latorre aseguró que el proyecto tiene "un carácter humanitario", enfatizando que "la respuesta a las personas que se movilizan no puede ser solo la cárcel".
Con uno de los votos en contra, el senador oficialista Iván Moreira (UDI) argumentó que se trata de una iniciativa "grave y sesgada", cuyo objetivo "es darle impunidad a la izquierda y al lumpen donde se destruyó todo" durante el estallido social.
La comisión de Derechos Humanos del Senado aprobó, por 3 votos contra 2, la idea de legislar el proyecto con que se pretende entregar un indulto general a los presos por delitos vinculados al estallido social.@Cooperativa
— Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) January 25, 2021
El proyecto de ley busca eximir de responsabilidad penal y remitir la pena a quienes hayan sido apresados desde el 7 de octubre de 2019 hasta la fecha de presentación del documento, en el marco de protestas, concentraciones y manifestaciones, con excepción de procesados por delitos terroristas.
Si bien la iniciativa parlamentaria reconoce que los actos por los cuales se ha detenido a un gran número de personas son castigadoos en la legislación chilena, "se ha vivido un proceso distorsionado" en estos casos debido a "una respuesta estatal desproporcionada seguida de detenciones masivas y la apertura de múltiples procesos penales".
La Corte Suprema de Justicia informó a principios de enero que solo 26 manifestantes siguen en prisión preventiva más de un año después del inicio de la crisis y que el tiempo promedio de esta medida cautelar fue de 318 días.
Se refirió desde La Moneda el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, quien fustigó que se trata de "un proyecto que sin embargo pretende dejar en la impunidad delitos gravísimos que sucedieron posteriores al 18 de octubre (de 2019), delitos que fueron perseguidos por fiscales y sancionados por tribunales porque en Chile existe el Estado de derecho".
"Y eso signfiica que cualquier persona que esté presa lo está no porque lo quiera o no el Gobierno, lo está porque hay fiscales que investigaron y un juez que dictaminó esa sentencia", agregó.
Cuestionó asimisma que la iniciativa "está muy mal en sus fundamentos" y que "se basaba en algo que no era cierto", pues "parte de sus autores decían que había más de 800 personas detenidas y tuvo que salir al vocera de la Corte Suprema para decir que en verdad eran 26, y que de esos, 17 tenían condenas previas".
"Es una pésima señal porque de alguna manera justifica la violencia (...) atenta contra la esencia del diálogo y la democracia", enfatizó Bellolio, por lo que, aseguró, el Presidente Sebastián Piñera "lo vetaría sin lugar a dudas, para proteger a las personas y lo que significa el Estado de derecho y la democracia".
