La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizó en su sesión de este lunes, en Quito, los hechos denunciados en Chile desde que se originó el estallido social, el pasado viernes 18 de octubre, con la participación de la Defensoría de la Niñez, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y representantes del Gobierno.
En la oportunidad, el Gobierno -tras la exposición de la sociedad civil el INDH-centró su presentación en el contexto que los obligó a decretar estado de excepción, como los incendios en la red de Metro, atentados al transporte público y el aumento de la violencia y en las medidas preventivas que se tomaron en materia de derechos humanos.
Tras los argumentos del Gobierno chileno, el comisionado de la CIDH, Luis Ernesto Vargas, afirmó que "mientras la sociedad civil hace una cantidad de denuncias, el Estado se toma la gran mayoría de tiempo para decir la cantidad de daños materiales que se han producido en el contexto de las protestas sociales".
El comisionado añadió que "eso, por supuesto, que genera una gran distancia entre lo que debe ser un Estado de derecho y un Estado social de derecho. Si importan más los bienes materiales, si importan más estas situaciones que la vida, que la integridad personal, se marca una gran diferencia en torno a la visión que podamos tener".
El embajador de Chile ante la OEA, Hernán Salinas, respondió que "son daños materiales que han destruido los derechos de muchas personas en Chile que están perdiendo sus negocios, que están perdiendo su trabajo, que han perdido sus bienes, es decir, no son solamente daños materiales, sino que son un conjunto de daños a los derechos humanos".
Discusión por uso de balines
En la oportunidad también existió un contraste entre las cifras de heridos dadas a conocer por el INDH, que reporta más de dos mil personas lesionadas, y el Gobierno, que cifra que los civiles heridos son alrededor de 700, mientras que hay más de 1.200 carabineros lesionados.
En otro punto, el asesor del Ministerio del Interior, Mijail Bonito aseguró que las fuerzas de orden no utilizan balines de acero, pese a las denuncias realizadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Bonito planteó que estos balines "se utilizan solamente para el control de muchedumbres e individuos violentos, según los protocolos, y como última funcionalidad, cuando hay una agresión o una amenaza ya sea al funcionario o a terceros. Se han presentado incluso denuncias de funcionarios del INDH donde presentan en la televisión balines de acero, Carabineros de Chile no usa balines de acero".
En tanto, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, sostuvo que "lo que el Estado ha dicho no es la verdad, los balines de goma se usan, no en hechos violentos, no como reacción activa, sino que indiscriminadamente contra personas que nada hacen en contra de personal policial".
La abogada añadió que "menos me parece razonable que el Estado de Chile pretenda hablar de los daños materiales sin haber hecho una reflexión respecto de los derechos humanos de todas las víctimas".
"Lamento la exposición que esta delegación hace al Presidente Piñera ante un organismo internacional al sostener información que no se condice con la realidad", añadió Muñoz.
La defensora de la Niñez remarcó que "puedo decir, por si el señor Bonito no sabe, que Carabineros tiene instructores de derechos humanos que han hecho un esfuerzo porque su institución respete los derechos humanos. Esos instructores no son los que hacen la formación de las fuerzas policiales, quienes hacen la formación de las fuerzas policiales son ex generales, ex coroneles o personas en retiro que de derechos humanos no saben".
Los representantes de la sociedad civil solicitaron que la CIDH exija al Gobierno cesar la represión, iniciar un proceso para establecer la verdad y que incluya el caso de Chile en su informe anual para evidenciar la gravedad de las violaciones a los derechos humanos.
