Los principales gremios productivos del país expresaron su "profunda preocupación" por la elaboración -a su juicio- apresurada y poco técnica de una lista de sitios prioritarios, planteada por el Gobierno en el marco de la ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).
"Valoramos que Chile cuente con una legislación que proteja nuestra biodiversidad, y reconocemos la importancia del SBAP como instrumento para el desarrollo sostenible. Sin embargo, necesitamos que los reglamentos resguarden el espíritu de la ley: que sean claros, compartidos por todos y que respeten los derechos adquiridos", plantea una declaración intergremial, emitida este miércoles en la sede de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami).
En ese sentido, los dirigentes apuntan que "el listado de 99 sitios prioritarios propuestos por el Ministerio de Medio Ambiente da cuenta de que se actúa de manera apresurada, sin ningún análisis técnico y sin escuchar a los sectores productivos involucrados", pues esta nómina se conformó sin un reglamento que fije los criterios que ameriten el resguardo de cada punto.
"Nos preocupa profundamente que al término de este Gobierno se firmen apresuradamente decretos de amarre que determinarán el futuro productivo de Chile y que difícilmente se podrán corregir después", precisa el escrito, antes de acusar que tal proceder afecta a "actividades previamente autorizadas para el desarrollo productivo".
Durante la primera semana de septiembre, se publicaron extractos de resoluciones que aprobaron el listado, con sitios prioritarios como el Desierto Florido (Región de Atacama) -que según el documento, consiste de 615.753 hectáreas-, lo que se justificó por su alto valor biológico, debido a la concentración y variedad de especies, y su alto valor genético de interés mundial.
También se busca resguardar la desembocadura del Río Quilimarí (Región de Coquimbo), que comprende 265 hectáreas de humedal costero, pues alberga una rica biodiversidad, con más de 100 especies de vertebrados, y el Humedal Tres Puentes (Región de Magallanes), cuyas 106 hectáreas se caracterizan por la abundancia y biodiversidad de aves regionales y migratorias.
"Llamado urgente" al Gobierno
Por lo anterior, los gremios productivos hacen un "llamado urgente" al Gobierno para que, en primer lugar, extienda el plazo de la consulta pública en la materia -que terminará en 10 días hábiles-, con el fin de "permitir un análisis técnico profundo" de los sitios prioritarios.
También pide "conformar mesas de trabajo multisectoriales que involucren a todos los sectores productivos afectados, para realizar un trabajo serio y elaborar reglamentos equilibrados", y que una vez terminados, estos "sean claros, transparentes y respetuosos del espíritu original de la ley, sin extralimitarse en su alcance".
Asimismo, emplaza a "asegurar el respeto a los derechos adquiridos y a las actividades económicas preexistentes", y a "considerar el impacto económico y social de estas decisiones en la reactivación que tanto necesita el país".
"Chile puede y debe proteger su biodiversidad sin sacrificar sectores estratégicos para su desarrollo ni truncar las aspiraciones de millones de chilenos", cierra el escrito, que fue firmado por Jorge Riesco, presidente de la Sonami; Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC); Alfredo Echavarría, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC); Arturo Clément, presidente de SalmonChile; Rodrigo O'Ryan, presidente de la Corporación de la Madera (Corma); Felipe Sandoval, presidente de la Sociedad Nacional de la Pesca (Sonapesca); Carolina Cruz, vicepresidenta de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA); y Macarena Cepeda, presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío.
CPC: "Esto puede congelar la actividad"
La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, profundizó: "Vemos con mucha preocupación que a través de decretos exentos, se establezcan sitios prioritarios que son una extensión de áreas protegidas en sectores y áreas de derecho privado, y donde hay iniciativas de inversión".
"Virtualmente, esto puede generar un congelamiento de la actividad productiva, cuando el crecimiento económico ha sido la bandera que todos han levantado como necesario para el crecimiento del país", advirtió la líder del gran empresariado.
Jiménez remarcó que "tomar compromisos a nivel internacional que buscan proteger el 30% del territorio nacional tiene un impacto en la capacidad de desarrollo, y protección y desarrollo tienen que ir de la mano, y eso requiere estudios técnicos profundos".
Con todo, la exministra instó a evaluar "costos y beneficios de los compromisos que tomamos, y cómo eso puede limitar las oportunidades de desarrollo y progreso socioeconómico del país. Ese es el diálogo al que invitamos, y por eso creemos que es tan necesario abordar, en particular, el tema de los sitios prioritarios, y junto con ello, todos los reglamentos que están derivando de la ley aprobada".
Sonami apunta a "posible expropiación regulatoria"
Más severo fue el diagnóstico del presidente de la Sonami, Jorge Riesco, quien aseguró: "Esto genera una incertidumbre, porque todas aquellas actividades que hoy están representadas, de alguna manera, ven una amenaza en no poder continuar con esas actividades si se llega a grados de protección, de los terrenos que son afectados por esta declaración, que impidan o eleven demasiado el costo" de los mentados proyectos.
Con todo, el representante de la minería chilena alertó: "Estamos frente a una posible expropiación regulatoria".
Por su parte, el líder de la CChC, Alfredo Echavarría, reafirmó que lo planteado por Medio Ambiente "es una barrera adicional, que a lo único que contribuye es a ahuyentar inversiones. Es un problema grave para la inversión, para el crecimiento, y en definitiva, para los ciudadanos".
