A tres años de su adhesión, Chile ha avanzado solo 15% del acuerdo para proteger a defensores medioambientales.
A más de tres años de la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha logrado solo un 15% de avance en la implementación de medidas clave para el reconocimiento y la protección de los defensores medioambientales, informa este lunes la ONG Escazú Ahora.
"Este incumplimiento no solo es un reflejo de la falta de voluntad política, sino también un acto grave de negligencia frente a una crisis que exige acción inmediata", denuncia la organización en el 'Informe de Análisis de Implementación', que evalúa el grado de implementación en el país austral del artículo 9 del Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental de América Latina y el único del mundo que busca proteger a los activistas medioambientales.
El informe esclarece que de los 10 compromisos recogidos en el artículo 9 del tratado, solo el referido a la creación de un protocolo de protección de defensores de derechos humanos en asuntos medioambientales ha sido completado al 100%.
"Si bien el instrumento no previene ataques, amenazas o intimidaciones ni establece medidas de protección específicas, se considera el esfuerzo más cercano a un intento de cumplimiento de este objetivo", expone la organización.
Del resto de medidas, únicamente dos –el proyecto de ley que protege a los defensores de derechos humanos y los cursos de capacitación para funcionarios públicos– cuentan con un diseño o cronograma de trabajo que prevén su futura implementación.
Escazú Ahora concluye que el análisis realizado evidencia "una alarmante desconexión entre las promesas del Gobierno y la realidad de su cumplimiento en la implementación del Acuerdo de Escazú".
Boric adhirió Chile al Acuerdo de Escazú en marzo de 2022, pocos días después de su llegada al poder, y fue considerado una potente señal del sello ecologista que ha caracterizado a su administración y de su preocupación por la emergencia climática.
En noviembre de 2023, el primer 'Informe de Análisis de Implementación' reveló que el avance del Gobierno en la implementación del artículo 9 del tratado "era nulo", lo que generó un compromiso de todas las bancadas del Parlamento de oficiar al Ejecutivo para pedir respuestas concretas.
Un año y medio después el Gobierno "no ha entregado ninguna respuesta", lamenta la organización, que reclama la "urgente necesidad de establecer medidas de control más efectivas que permitan garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Estado". Para el colectivo, este 2025, último año de gobierno de Boric, "representa una oportunidad crítica para corregir el rumbo".
Impulsado tras la Conferencia de Naciones Unidas sobre el desarrollo Sostenible celebrada en 2012 y ratificado por 24 países de América Latina y el Caribe, el tratado internacional está considerado uno de los instrumentos ambientales más importantes de la región para evitar las amenazas y asesinatos de defensores de los derechos ambientales, como el de la hondureña Berta Cáceres.
Latinoamérica es una de las regiones más vulnerables a los efectos de la crisis climática pese a que contribuye solo con un 9% de las emisiones globales, y es considerada la zona más peligrosa del mundo para los defensores ambientales y donde existe una mayor impunidad.
