La Contraloría incluso pidió a la PDI datos sobre eventuales salidas al extranjero de ciertos funcionarios, en verano.
La Contraloría General de la República informó que está realizando una revisión de las licencias médicas de funcionarios públicos, presentadas entre 2022 y 2024, pero con un particular énfasis.
El objetivo es "iniciar una fiscalización que permita revisar el debido uso de dichos reposos, particularmente durante el período de vacaciones".
"El objetivo es verificar la utilización correcta de las bajas por enfermedad de los servidores del Estado, evitando que estas sean utilizadas para otros fines", dijo el organismo, en una clara alusión al posible uso fraudulento de licencias médicas como excusa para viajes con motivos recreacionales.
De hecho, la Contraloría especificó que ofició a la Policía de Investigaciones (PDI), "para solicitar información sobre los ingresos y egresos del país de determinados funcionarios, entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2024".
Estos reportes, que la PDI debe entregar a más tardar el 26 de febrero, "serán analizados con herramientas avanzadas de analítica y procesamiento masivo de datos".
En 2024, una auditoria sobre Fonasa permitió a Contraloría detectar más de un millón de licencias procesadas fuera de plazo.
