En prisión preventiva quedaron nueve de los 17 sujetos acusados de cometer delitos de distribución y almacenamiento de imágenes de explotación sexual infantil tras su formalización durante esta jornada en el 15° Juzgado de Garantía de Santiago.
En detalle, la magistrada Marcela Hernández dictó la prisión preventiva los nueve imputados por distribuir y almacenar el material; firma quincenal y arraigo para otros siete acusados; y arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para el restante.
La formalización se dio tras una investigación de seis meses, encabezada por la Fiscalía Regional de O'Higgins y la unidad especializada de la Brigada del Cibercrimen de la PDI, las que tendrán otros seis meses de plazo para continuar con las indagaciones.
El prefecto Maximiliano Macnamara, jefe nacional de esa unidad policial, detalló que en las respectivas detenciones, se incautaron "45 dispositivos, entre ellos, diferentes notebooks y teléfonos móviles, los cuales contenían más de 100 GB con este tipo de material de abuso. Es una investigación en curso y de momento lo que se ha encontrado luego de los peritajes realizados, es el almacenamiento y la distribución del material de abuso sexual infantil".
"De momento, se está analizando la información, sin embargo, se puede tener el indicio de que comparten algunos grupos de mensajería en línea, son recíprocos entre ellos", añadió el detective.
"ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL"
Por su parte, el fiscal Emiliano Arias aseveró que "se trata de una organización criminal de naturaleza internacional. No estamos investigando almacenamientos o distribuciones, lo que estamos investigando son a las víctimas que están detrás de eso".
"El fenómeno, desde el inicio hasta el fin, tiene varias cadenas. La primera es la producción, (donde) el sujeto que produce está viendo, observando que se está cometiendo un delito. Luego (viene) grabar este material, que es entregado y almacenado por personas que se agrupan a través de diversas aplicaciones que, al día de hoy, casi todas están encriptadas las comunicaciones, entonces eso asegura el anonimato y que no se puedan descubrir", agregó el persecutor.
Además, Arias hizo un llamado para que se eleven las penas por almacenamiento de este tipo de videos y fotografías, ya que quienes cometan los mencionados delitos solamente arriesgan 541 días de cárcel, lo que -a su juicio- no coincide con los derechos de los niños y adolescentes que se busca proteger.
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