El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena dictó tres sentencias condenatorias relacionadas con un caso de parricidio frustrado ocurrido en abril del 2023.
En un fallo unánime, condenó a Víctor Manuel Mery Alfaro a 12 años de cárcel en calidad de autor del delito frustrado de parricidio; a Mauricio Sebastián Guzmán Coronado a 10 años como autor de homicidio frustrado de homicidio calificado, y a 541 días adicionales por el delito lesiones graves.
Finalmente, absolvió a la pareja de Guzmán Coronado, Karen Alejandra Montecinos Hernández, de ser cómplice de homicidio frustrado, pero la sentenció con 600 días por tenencia ilegal de municiones y tráfico ilícito de drogas, aunque con el beneficio de la libertad vigilada intensiva.
Un drama de equivocaciones
Al cabo del juicio, el tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que en abril de 2023, Mery Alfaro contactó a Guzmán Coronado, con quien planificó y coordinó el asesinato de su madre, a cambio de un pago en dinero.
El 18 de abril de 2023, alrededor de las 22:10 horas, ambos llegaron en auto al estacionamiento del Condominio Altos del Milagro, ubicado en la calle Los Arrayanes, donde residía la víctima.
En el lugar, Mery Alfaro simuló que ayudaba a bajar del vehículo a Guzmán Coronado, quien iba disfrazado como una anciana, que requería una muleta para desplazarse.
Tras descender el automóvil, Guzmán Coronado se dirigió al edificio donde residía la víctima, pero fue seguido por el conserje del condominio, a quien golpeó con la muleta en el rostro, provocándoles lesiones de carácter grave.
Luego, en el momento cúlmine, ingresó por error a un departamento contiguo al de la mamá de su "empleador", y le disparó a la persona que allí residía, quien se encontraba acostada en la cama de su dormitorio.
Sin embargo, no logró impactarla con su tiro.
Luego, huyó hasta un pasaje cercano, donde lo esperaba Mery Alfaro a bordo del vehículo. Ambos escaparon, pero fueron detenidos en las semanas siguientes.
"Quedó instituido en juicio que Guzmán Coronado mantuvo durante días conversaciones con el coimputado tendientes a gestar y acordar el acometimiento contra la madre de este, jornadas en las que incluso se acordaron seguimientos a la víctima y reconocimientos del lugar de los hechos", reseña el fallo contenatorio.
"Los hechores pusieron de su parte todo lo necesario para que el crimen se consumase, lo que no se verificó por causas independientes a su voluntad", agrega la sentencia.
El fiscal Freddy Salinas explicó que "el Tribunal condenó por los hechos en que una persona ingresa caracterizado como una mujer de avanzada edad a un departamento para dar muerte a otra. El Tribunal consideró que quien ideó y contrató a un tercero es autor de parricidio frustrado, mientras que el otro resultó autor de homicidio calificado frustrado con alevosía, premeditación y premio o promesa remuneratoria. (Técnicamente) se sanciona a lo que se conoce como un sicario".
La justicia "también condenó a quien lo había contratado para este cometido, lo cual consiste en una sentencia de importancia, porque se condenó al autor intelectual de estos hechos de parricidio frustrado, ya que quería matar a su madre. Todos los actos no se lograron consumar por la acción del conserje, quien resultó víctima de lesiones", agregó el persecutor.
Karen Alejandra Montecinos Hernández fue juzgada como cómplice de este crimen -según la Fiscalía, "coordinó" a ambos coimputados-, pero finalmente fue condenada sólo por tenencia ilegal de municiones y tráfico de drogas.
En el juicio se acreditó que el 14 de septiembre de 2023, a las 08:15 horas, al interior del domicilio que compartía con su pareja, Guzmán Coronado, en el pasaje Oscar Castro del sector Las Compañías de la comuna de La Serena, poseía bolsas contendoras con drogas (ketamina y marihuana) y elementos para la dosificación de las sustancias ilícitas, además de una munición nueve milímetros, apta para el disparo.
El Tribunal dispuso que, una vez que el fallo quede ejecutoriado, se tomen muestras biológicas de los sentenciados para incorporarlas al Registro Nacional de ADN de Condenados.
