Cuatro Premios Nacionales de Periodismo publicaron una declaración conjunta en la que expresan su rechazo frente a la polémica norma aprobada por el Senado en el marco de la agenda corta antidelincuencia que castiga con cárcel las filtraciones de investigaciones penales, la cual calificaron como una "Ley Mordaza".
Juan Pablo Cárdenas (Premio Nacional 2005), Faride Zeran (2007), María Olivia Mönckeberg (2009) y Sergio Campos (2011) señalaron que la medida "atenta gravemente contra la libertad de expresión y de prensa y el acceso de la ciudadanía a la información". Asimismo, "daña seriamente los fundamentos mismos de cualquier régimen que se digne denominarse democrático".
"La Comisión de Constitución Legislación y Justicia del Senado de Chile ha tratado en las últimas semanas introducir subrepticiamente una serie de modificaciones al Código Penal chileno. (...) Ha propuesto, curiosamente de manera unánime, ampliar el plazo de reserva de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía de 40 a 90 días. Es decir, la ciudadanía tardará casi dos meses adicionales en enterarse de las causas que ejecuta el Ministerio Público", destacan los periodistas; todos profesores del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile.
"Recuerda a la dictadura"
"La segunda medida es aún más grave. Con todos los votos de la oposición y de la Nueva Mayoría esa Comisión, y después el Senado en pleno, aprobó también endurecer las sanciones en caso de que las investigaciones de la Fiscalía se filtren a la prensa. Más allá de los tecnicismos –ya existen sanciones para los fiscales, pero no así para las partes relacionadas al proceso judicial que ahora también se someterían a penas–, se trata de una iniciativa legislativa que causa nuestra más profunda extrañeza y preocupación, ya que recuerda, aunque sea vagamente, a las constantes limitaciones que se imponían a la libertad de expresión en plena dictadura de Augusto Pinochet", acusan los profesionales.
"La propuesta de los senadores es aplicar una pena de presidio que va desde los 61 días hasta los 541 días a quienes participen de filtraciones a la prensa en causas judiciales bajo investigación. Bochornosamente, se trata de penas mayores a las que actualmente nuestra ley aplica al delito de cohecho", lamentan los académicos, que acusan "una suerte de Caballo de Troya de una parte importante de la clase política para introducir leyes que ya creíamos desterradas en democracia, como la restitución –en su versión más modernizada– de la detención por sospecha".
María Olivia Mönckeberg, Premio Nacional de Periodismo 2009 y directora del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, es una de las firmantes. (Foto: Agencia UNO)
"Resulta al menos curioso que senadores y dirigentes estén ahora tan preocupados de las 'filtraciones a la prensa' –una herramienta que los propios políticos han utilizado hasta el cansancio con los medios para avanzar sus posiciones u obstaculizar las de sus adversarios– justo cuando la Fiscalía, la prensa y la ciudadanía vienen a conocer la magnitud de la incestuosa relación que ha mantenido una parte de ellos con el poder económico", advierten los firmantes.
"De haber existido y de haberse aplicado rigurosamente una potencial ley como ésta, el país no se hubiera enterado, como lo ha podido hacer, del caso Penta, del caso Soquimich o Caval, de la colusión de las papeleras, los pollos, las farmacias, de los desfalcos en nuestro fútbol o en el Ejército, o tantos casos más", dice otro párrafo del escrito.
La declaración de los premios nacionales recuerda también un "fallo histórico" de la Corte Suprema de Estados Unidos del año 1971, cuando consideró que "una prensa fastidiosa, una prensa obstinada, una prensa agresiva es algo que debe ser soportado por aquéllos que ejercen la autoridad, precisamente con el fin de preservar (...) la libertad de expresión y el derecho de la gente a estar informada".
"Pasados 50 años, es hora que nuestros políticos lo entiendan. Este martes el Senado tiene la oportunidad de corregir su paso en falso", finalizan Juan Pablo Cárdenas, Faride Zeran, María Olivia Mönckeberg y Sergio Campos.
Senado reconsidera para "evitar dudas interpretativas"
Justamente mañana martes, a contar del mediodía, está previsto que la Sala del Senado reabra el debate sobre la controvertida norma.
El presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya (independiente), explicó que la sesión comenzará pidiendo la unanimidad de los parlamentarios para ello, y ante sus pares la instancia presentará una propuesta discutida este lunes junto al fiscal nacional, Jorge Abbott, y la ministra de Justicia, Javiera Blanco, en orden a "precisar aquellos sujetos que están obligados a guardar secreto o reserva en el caso de una investigación criminal".
El senador Pedro Araya, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, de donde surgió la iniciativa cuestionada. (Foto: Agencia UNO)
"Para evitar dudas interpretativas se estableció quiénes, efectivamente, van a poder ser objeto de sanción penal, y en esta línea la Comisión acordó distinguir tres tipos de sujeto activo: en primer lugar los funcionarios que conozcan de la investigación: es decir, el Ministerio Público, Carabineros, PDI, Defensoría Penal Pública. En segundo lugar se estableció también a los intervinientes: es decir, la víctima, el querellante y el imputado; y un tercer grupo de personas que tienen que guardar secreto son aquellas personas que estén obligadas por una resolución del Ministerio Público o bien por una resolución judicial, a cumplir cierta diligencia", detalló Araya.
En este mismo punto, el fiscal nacional Jorge Abbott manifestó que "se ha visto como poder conciliar la necesidad de mantener el secreto de la investigación respecto de quienes son los intervinientes y aclarar que la norma solo se refiere a quienes son intervinientes en la investigación y no se refiere en ningún caso a terceros y menos a la prensa".
"Si es necesario aclarar aquella norma, la disposición está en ese sentido", precisó.
El presidente de la Cámara Alta, Ricardo Lagos Weber (PPD), manifestó la semana pasada que "Si se está de acuerdo en que se quiere modificar esta norma, si se dice que tuvo como resultado una lectura que a algunos no les gusta y que genera preocupación, (...) el deber nuestro en el Senado es tratar de corregir eso en el mismo Senado".
Las "clarificaciones" deben considerar "el resguardo de la confidencialidad de las investigaciones para que las filtraciones no las perjudiquen y, al mismo tiempo, la posibilidad de mantener intacta la libertad de informar y de expresión", señalaba Lagos Weber, expresando confianza en que "es posible" alcanzar ambos objetivos.
