El debate sobre la continuidad y las condiciones del sueldo vitalicio para los expresidentes en Chile ha cobrado nueva fuerza en el ámbito político, con parlamentarios que instan a reducir el beneficio o incluso eliminarlo por completo.
Para abordar esta materia, la Comisión de Constitución de la Cámara Baja citó a los exmandatarios Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet para analizar un proyecto de ley que busca modificar las condiciones de estas pensiones y asignaciones.
Entre las propuestas que se discuten, se plantea establecer nuevos requisitos para acceder a estos beneficios, como limitarlos únicamente a expresidentes mayores de 65 años.
Asimismo, se considera la eliminación de asignaciones adicionales que reciben, como la cobertura de sus traslados.
Este proyecto ha encontrado apoyo en diversos sectores parlamentarios, en un contexto de crecientes críticas ciudadanas respecto al uso de recursos públicos.
Paralelamente, existen mociones parlamentarias que buscan reformar el artículo 30 de la Constitución, con un rango de propuestas que van desde ajustes menores hasta la eliminación total del beneficio para otrora jefes de Estado. La intención es alcanzar una reformulación definitiva antes de marzo del 2026.
Un choque de miradas parlamentarias
Las posturas frente a este debate son variadas. El diputado Eric Aedo, de la Democracia Cristiana y vicepresidente de la Cámara, cuestiono la medida y acusó que "parece que es la pequeñez política la que se pretende imponer".
"Es necesario que un hombre o una mujer que hayan ocupado la primera magistratura de nuestro país tengan un apoyo económico hacia el futuro", aseguró el parlamentario, explicando que "no es deseable que un expresidente dependa después o del ejercicio de su profesión o del mundo empresarial para seguir adelante en su vida económica".
"Por eso me parece que este proyecto que se está discutiendo obedece solo a la pequeñez política", reiteró.
En tanto, desde el Partido Republicano, el diputado Stephan Schubert enfatizó la necesidad de revisar y regular la legislación existente, advirtiendo que "ha habido una práctica de entrega de recursos como si se tratara de un senador en ejercicio y eso creo que no corresponde".
"Ha cesado ya en su cargo y, por lo tanto, si va a haber una suerte de dieta o de pago o estipendio, como se le quiera llamar, esta debiera ser para su digna vida. Nos interesa que nuestros presidentes vivan dignamente y no terminen en la pobreza", puntualizó el legislador.
La opción de una eliminación completa del beneficio
Por otro lado, se ha dado a conocer la postura de sectores "más radicales", quienes proponen la eliminación total del beneficio. Estos argumentan que los recursos actualmente destinados a los expresidentes, que se menciona superan los 660 millones de pesos anuales, podrían ser redirigidos para financiar pensiones garantizadas para personas vulnerables.
Desde el oficialismo, el diputado Boris Barrera (PC) se mostró abierto a discutir una actualización de la ley sobre los beneficios a expresidentes. Sin embargo, dijo no estar de acuerdo "con algunas ideas que hay de limitarlo, por ejemplo, a expresidente que tienen avanzada edad".
Aseguró que no es deseable que los otrora mandatarios puedan "estar expuesto a que sean contratados por cualquier empresa, (ya que) incluso, si nos vamos a un extremo, puede ser contratado con por algún país".
La discusión pone en tela de juicio un sistema que ha estado vigente desde el 2000. Este mecanismo fue creado en su momento con el objetivo de garantizar una forma de redistribución para los exjefes de Estado y, al mismo tiempo, prevenir posibles conflictos de interés que pudieran surgir al dejar el poder si no contaban con un sustento económico asegurado.
