Tal como se adelantó la semana pasada, el Gobierno insistirá en que el levantamiento administrativo del secreto bancario -es decir, sin autorización judicial- se incorpore en el proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica.
Así lo confirmó este miércoles la ministra subrogante de Hacienda, Heidi Berner, ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, donde presentó las 45 indicaciones del Ejecutivo de cara al segundo trámite constitucional de la iniciativa.
El Senado aprobó el proyecto en general en marzo pasado, pero rechazó -con votos de la oposición- que la Fiscalía dispusiera del levantamiento administrativo del secreto bancario, algo que en la actualidad requiere el visto bueno de un juez de garantía.
La redacción original pretendía que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) pudiera seguir la ruta del dinero de las bandas delictuales de forma más expedita, pero el Gobierno ahora acotó el alcance de la posible medida.
Según la propuesta actual, la UAF podrá acceder a las cuentas sin pasar por un tribunal en tres casos: al obtener un reporte de operación sospechosa emitido por un banco; si tal alerta se refiere a funcionarios públicos, o si apunta a una persona jurídica, como una empresa o institución.
De todos modos, ya hubo críticas en la comisión parlamentaria: para la diputada Gloria Naveillán (Partido Nacional Libertario), al plantear la sospecha de una actividad, "cualquier cosa puede serlo, y que al final del día, un ser humano -que sería la UAF- determine que una actividad u otra pueda ser sospechosa, nos parece que incluso puede infligir normas de constitucionalidad".
Frente a este tipo de reparos, la ministra (s) Berner aclaró: "Si en ese análisis económico-financiero de inteligencia que hace la UAF se ve que esa operación es más que sospechosa en sí misma, y eventualmente constituye delito, envía esa información al Ministerio Público, que hará -nuevamente- todos los análisis, y si lo considera, y va a un tema más penal, siempre tiene que pedir la autorización a un juez".
Desde el oficialismo, la diputada Maite Orsini (Frente Amplio) reconoció que "este es un debate complejo, que sigue abierto en la comisión, y donde tenemos el deber de ponderar cómo fortalecemos la capacidad del Estado para perseguir delitos graves, sin desproteger derechos fundamentales".
"Por lo mismo, vamos a seguir estudiando con atención cada indicación, pero valoramos que existan controles y estándares reforzados en esta propuesta", aseveró.
En un principio, estaba previsto que las primeras indicaciones al proyecto se votaran durante la sesión de hoy, pero sólo hubo tiempo para las presentaciones del Ejecutivo y para las consultas de los diputados.
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