La moción parlamentaria para salvaguardar a los activistas será vista ahora en el Senado.
La discusión tuvo el caso de Julia Chuñil como telón de fondo, destapando fuertes críticas a la presunta complicidad del Estado ante la indefensión de estos grupos.
La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles una moción parlamentaria crucial destinada a la protección de activistas defensores de la naturaleza.
La iniciativa surge como respuesta directa a trágicos eventos que han conmocionado al país, como los casos de Julia Chuñil y Macarena Valdés.
Según se detalló, la moción busca establecer el deber del Estado de "garantizar, respetar y promover los derechos de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales".
Además, se espera que "un reglamento específico deberá velar por la adopción de medidas en caso de afectaciones, mediante ejecución de investigaciones y la toma de medidas de protección tempranas".
Este proyecto subraya la necesidad urgente de salvaguardar a quienes se dedican a la defensa del medio ambiente, quienes a menudo enfrentan amenazas y peligros en su labor.
Durante la discusión, el diputado Diego Schalper (RN) generó controversia al referirse a los ambientalistas como "un grupo privilegiado", si esta legislación llegara a avanzar. Sin embargo, el autor del proyecto, el liberal Luis Malla, enfatizó la "indefensión en la que se encuentran" estos defensores, destacando la necesidad de una intervención estatal.
"Si Julia Chuñil hubiera sido parte de la élite política o empresarial, los culpables habrían sido encontrados en tiempo récord, pero como era del pueblo, su familia tuvo que cargar con humillación, con las mentiras y con la indiferencia", lamentó Malla.
"A Julia Chuñil la mataron, la quemaron y el Estado es cómplice, porque cuando no protege, cuando no le importa, cuando deja solos a quienes defienden el agua y la vida, se convierte en encubridor, en socio de los verdugos", añadió en su cuestionamiento.
El proyecto, que ahora pasa al Senado, fue aprobado principalmente por diputados oficialistas, mientras que la derecha decidió votar en contra o abstenerse.
En la misma sesión, pero de manera unánime, la Sala de la Cámara aprobó en tercer trámite y ya despachó la ley impulsada por el gobierno que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, avanzando en una de las medidas centrales de la agenda de seguridad del Gobierno.
Margarita González, madre de Alejandro Martínez, joven asesinado por un grupo de sujetos en Llolleo en 2008, precisó por qué se dedicó a impulsar este proyecto desde la muerte de su hijo.
"Nosotros no teníamos idea que las víctimas no tienen abogados. Eran cinco los que le quitaron la vida a mi niño. Los cinco tenían abogados, los mejores abogados. Y nosotros no teníamos a nadie, porque la fiscal no representa a la familia, representa al Ministerio Público. Por lo tanto, uno queda sola con la pena, con el dolor y con la ignorancia acerca de tribunales y justicia", detalló.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, señaló sobre la medida que "nuestra Constitución garantiza el derecho de acceso a la justicia, pero para que este derecho pueda efectivamente llegar a los ciudadanos y no le ocurra lo que le ocurrió a los padres de Alejandro Martínez, podemos con mucha alegría decir que tenemos ley de la República que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas".
La nueva institucionalidad permitirá fortalecer el acceso igualitario a la justicia y brindar atención jurídica y psicosocial a víctimas de delitos, así como representación jurídica gratuita para quienes más lo necesitan.
