Un beneficio tributario para las empresas mineras que fue redactado en las mismísimas oficinas de SQM y que llegó al Congreso a través del ex senador de la UDI Pablo Longueira terminó siendo aprobado de manera casi textual por los parlamentarios.
Ésta es la trama que devela un nuevo reportaje del Centro de Investigación Periodística (Ciper) que profundiza en la relación oscura que mantuvo el histórico líder gremialista con Patricio Contesse, ex gerente general de SQM.
El fin de semana el diario El Mercurio había adelantado que en agosto del año 2010, en el contexto de la tramitación del proyecto de royalty minero que impulsaba el Gobierno de Sebastián Piñera para financiar la reconstrucción tras el terremoto, Longueira había reenviado a Contesse una propuesta emanada del Ministerio de Minería que este último calificó como "una burla".
El matutino también había indicado que, junto con esta calificación, el ejecutivo envió a Longueira una "propuesta" alternativa, "corregida", que reflejaba los intereses de la minera.
Lo que no se sabía, y que reveló hoy Ciper, es que el texto contenía un artículo que posteriormente fue recogido por el Gobierno, que ingresó al Congreso el 31 de agosto de 2010 y que éste aprobó.
Ambos textos son "prácticamente iguales" y su contenido "beneficiaba directamente a SQM" al permitirle acceder a granjerías "con un potencial millonario", asegura el reportaje.
Lo que estaba en juego
"Lo que hace ese artículo es permitirle a SQM (y a otras empresas mineras de capitales nacionales) acceder al beneficio de la invariabilidad tributaria, que originalmente estaba reservado solo a los inversionistas extranjeros que firmaran un contrato con el Estado (...) En el artículo propuesto por el entonces gerente general de la minera, se elimina el requisito de que las empresas que opten a la invariabilidad tributaria deban tener un contrato vigente con el Estado, como había planeado el gobierno de Piñera", explica Ciper.
"El texto enviado desde SQM a Longueira y el que luego el Gobierno ingresó al Congreso son prácticamente iguales. Solo aparecen cambios menores, como el plazo que tendrían las empresas para presentar una solicitud en el Ministerio de Economía para acogerse al beneficio. La propuesta de Contesse –enviada a Longueira- establecía un plazo de 180 días corridos para hacerlo, mientras que el proyecto de ley consideró solo 60 días corridos. También se amplió un año el alza temporal del impuesto para financiar la reconstrucción", detalla el medio.
La propuesta en cuestión fue redactada por el fiscal interno de SQM, Matías Astaburuaga y llegó al e-mail de Longueira alrededor de la medianoche del 5 de agosto de 2010, sólo siete horas después de que el parlamentario reenviara a la empresa el documento en el que trabajaba el Gobierno de Piñera, que fue considerado, como se anotó, "una burla" por parte de Contesse.
Mínimo esfuerzo
El reportaje de Ciper incluye otra revelación escandalosa. En el correo que recibió el senador gremialista no sólo se incluyó la contrapropuesta de SQM.
"No incluye sólo el artículo, sino que tiene el formato de una carta. Ésta va encabezada con 'Estimado', seguido de un espacio en blanco para incluir el nombre del destinatario, luego se lee la explicación de por qué hay que modificar el borrador del Ejecutivo, seguida por la nueva versión que iría en el proyecto de ley, y concluye con el nombre de Pablo Longueira a modo de firma. Es decir, desde SQM le enviaron al ex senador de la UDI la propuesta de artículo formateada para que él, sin hacerle modificaciones, la hiciera llegar al redactor de la iniciativa legal", se puntualiza.
Un año más tarde, el 26 de agosto de 2011, SQM Salar (filial de SQM) firmó el contrato de invariabilidad con el Ministerio de Economía, mientras que SQM Nitratos lo hizo el 22 de diciembre. "Pablo Longueira asumió en Economía el 18 de julio de 2011, por lo que ambos contratos se firmaron cuando él ya era ministro"
Cabe recordar que según el informe de la auditora estadounidense Shearman & Stearling Pablo Longueira es el dirigente político que más se benefició con los dineros ilegales de la minera a la política. Entre 2009 y 2014 veinte personas naturales y jurídicas vinculadas a él recibieron un total de 730 millones de pesos.
El periodo incluye su labor como senador, como ministro, como candidato presidencial de la Alianza e incluso su retiro de la vida pública tras la depresión que lo bajó de la carrera por La Moneda.
Querellante pide investigación
El abogado querellante en el caso, Mauricio Daza, indicó que "nosotros hemos sostenido desde hace bastante tiempo de que existen antecedentes más que suficientes para que el Ministerio Público indague de verdad, en serio, lo que es la imputación por cohecho que pueda afectar al ex ministro Pablo Longueira".
"Los correos electrónicos en los cuales se mandan indicaciones que finalmente son presentadas en los mismos términos por el Gobierno, obviamente se trata de un antecedente que puede ser considerado para hacer finalmente una investigación, cosa que lamentablemente nosotros no observamos una voluntad concreta por parte del fiscal Pablo Gómez", precisó.
El presidente de la UDI, Hernán Larraín, reiteró que no se pedirá la salida del partido de ningún involucrado en este tipo de casos hasta que exista una sentencia ejecutoriada.
"Presumimos la inocencia de las personas que se están investigando y por lo tanto no les pedimos ningún acto de esta naturaleza porque eso puede equivaler a una suerte de sanción, a una suerte de prejuicio. Si hay una sentencia, entonces le ponemos esta situación en manos del tribunal para que este se pronuncie", recalcó.
