La Contraloría inicia sumarios por millonarios montos no rendidos y la contratación de servicios que se centraron en destacar la figura del gobernador, entre otras irregularidades.
Además de la fiscalización de contratos que mostró irregularidades en la contratación de servicios en el gobierno regional de Santiago, que terminaron siendo funcionales a la campaña a la reelección de Claudio Orrego, la Contraloría General de la República (CGR) apuntó a otras cinco administraciones regionales.
En Tarapacá, la CGR determinó que el gore local "no mantiene un análisis de las transferencias pendientes de rendición pactadas en diversas cuentas contables, incumpliendo con la transparencia de la información financiera".
"Asimismo, se detectó el mal uso de las redes institucionales del GORE para potenciar la red personal de candidatos en tiempo de elección, lo que resulta ajeno a las funciones propias de la entidad pública. La Contraloría Regional instruyó un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas", agregó la entidad sobre la gobernación que por segundo período lidera José Miguel Carvajal, exmilitante de Comunes y reelecto en 2024 como independiente en cupo PPD y con el apoyo del oficialismo.
Respecto al gobierno regional de Antofagasta, "la auditoría identificó que el GORE mantiene un saldo pendiente de rendir por los organismos receptores de recursos públicos de $4.202.867.306, situación que deja en manifiesto la falta de adopción de medidas por parte de la entidad para requerir las rendiciones de fondos que datan de al menos el año 2021", durante el primer período del gobernador Ricardo Díaz, independiente y reelecto con apoyo oficialista.
"Igualmente, se evidenció que, al 30 de septiembre de 2024, la entidad pública aludida mantiene montos observados, solicitados a reintegrar o rechazados a las entidades receptoras de recursos, por un monto de $4.856.481.471. Situación que deja en manifiesto la falta de resguardo de los recursos públicos que se entregan a instituciones privadas", agrega el reporte.
En el gobierno regional de La Araucanía, la Contraloría "comprobó que el GORE contrató directamente a la empresa Ananda Comunicaciones SpA., para los servicios de 'Asesoría de Inteligencia e Investigación de la Opinión Pública Digital', pagando un total de $49.980.000, de lo cual se advierte que dicho servicio incluía una evaluación ciudadana de la figura del gobernador regional", que era el independiente cercano a Evópoli Luciano Rivas, quien perdió la reelección en 2024.
"Esta situación no se ajusta al principio de probidad, por lo que la CGR formulará el reparo por el total del dinero aludido", se añadió.
Además, "se comprobó que se autorizó bajo la modalidad de trato directo a la firma de abogados denominada Asesorías Silva y Compañía Limitada, por la suma total de 400 UF, para la defensa de intereses institucionales asociadas a transferencias del servicio a determinadas fundaciones, advirtiéndose que de cuatro informes que debía entregar dicha empresa como parte de sus obligaciones, a la fecha solo se ha pagado la primera cuota en razón a la entrega del primer informe, sin que se hayan establecido multas por atraso en los plazos establecidos", en relación al Caso Fundaciones, que en La Araucanía tiene como principal involucrado al desaforado diputado derechista Mauricio Ojeda.
Respecto del gobierno regional de Los Ríos, la CGR advierte que "existe un saldo de $8.651.017.491 por recursos transferidos pendientes de rendición de cuentas por transferencias al sector público. Al respecto, los recursos correspondientes a años anteriores a 2024, se componen de 201 registros por un monto de $8.593.127.491, que en algunos casos registran desde el año 2015. El GORE deberá ajustar sus procedimientos de control y resguardo de aportes transferidos al sector público".
Asimismo, en la administración que por segundo período lidera el socialista Luis Cuvertino "se indicó de la existencia de un saldo de $7.940.628.576 por concepto de recursos transferidos como anticipos, pendientes a rendición de cuentas. Por los motivos descritos, el gobierno regional de Los Ríos deberá iniciar un sumario para determinar las eventuales responsabilidades funcionarias por falta de control".
Finalmente, la Contraloría determinó que en el gobierno regional de Magallanes se encomendó "a algunos prestadores de servicios contratados a honorarios se incluyeron servicios de publicidad, difusión y cobertura periodística del gobernador regional y el manejo de las redes sociales de dicha autoridad", en referencia al independiente y cercano al Partido Radical Jorge Flies, quien también ejerce su segundo período en el cargo.
"Además, se determinó que de un total de 25 informes de actividades de profesionales contratados para prestación de servicios a honorarios fueron aprobados por un funcionario diferente al establecido en los respectivos convenios. También se constató que en 24 informes de actividades adjuntos a los comprobantes de pago, que acreditarían el cumplimiento de la prestación de servicios, las tareas se indican de forma genérica, sin señalar ni especificar el detalle de lo realizado", añadió una nota de prensa de la Contraloría.
Mediante una declaración pública, el GORE de Tarapacá afirma que "valoramos el rol de fiscalización de la Contraloría General de la República, por lo que colaboraremos en las instancias que correspondan, con la finalidad de aclarar lo expuesto" en este informe.
"La observación que hace alusión a la contratación de dos funcionarios a honorarios, no se condice con lo señalado en el informe, que tiene como título 'error de imputación', por lo tanto, no se trata de un gasto improcedente, sino más bien de un gasto mal imputado", aclara el escrito, que también asegura que la repartición "corrigió" el mal uso de las redes sociales institucionales señalado en el reporte del ente contralor.
"Es fundamental señalar que el informe detalla aspectos administrativos que se deben subsanar respecto al funcionamiento de este servicio", cierra el comunicado.
