La propuesta dispone la suspensión del ejercicio de la profesión a los juristas que la incumplan.
Fue visada en general, de manera unánime, en la Sala de la Cámara Baja.
El diputado Jaime Araya invitó al Gobierno a hacerse parte de la iniciativa.
La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles, en general y por unanimidad, un proyecto de ley que busca prohibir que los "narcoabogados" reciban sus honorarios mediante dinero en efectivo.
La iniciativa incluye a los abogados defensores de personas imputadas por delitos de drogas, delitos funcionarios (como el cohecho o malversación de fondos públicos) y causas de la Ley Antiterrorista.
Fue presentada por la bancada independientes-PPD, que integran los diputados Jaime Araya, Carlos Bianchi, Carolina Marzán, Helia Molina, Camila Musante, Raúl Soto, Cristián Tapia y Héctor Ulloa; y en la votación de hoy consiguió 128 a favor, cero en contra y sólo una abstención, del presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga.
La propuesta legal establece que, "una vez concluida, renunciada o abandonada la defensa, el abogado deberá acreditar en el tribunal ante el cual asumió la defensa, el pago percibido por los servicios prestados, hayan sido percibidos como persona natural, sociedad o empresa".
"Quienes incumplan esta obligación serán sancionados con la suspensión del ejercicio de la profesión por un término de seis meses a un año", dispone.
"Valoramos la aprobación unánime del proyecto que regula a los narcoabogados", reaccionó Jaime Araya, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana y principal impulsor de la iniciativa.
"Es muy importante que regulemos la forma en que los abogados que defienden a narcotraficantes, a miembros del crimen organizado, a funcionarios públicos corruptos y a políticos corruptos, tengan que demostrar el origen lícito de esos honorarios", remarcó.
"No es justo que se paguen millonarios honorarios con plata proveniente de la venta de la droga, de homicidios, de sicariato, de robos que se le hacen al fisco, a las municipalidades, a las gobernaciones regionales, al Estado de Chile", añadió el diputado, que representa a la Región de Antofagasta.
Araya hizo un llamado a que el Gobierno "se convenza de la importancia de esta regulación y le ponga urgencia", pues supone "un avance para la defensa de la democracia, que hoy día está amenazada por el narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción y el terrorismo".
