Consejeros regionales de Chile Vamos evalúan sumarse a la solicitud de destitución en contra del gobernador metropolitano, Claudio Orrego, ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).
La acción se da tras la publicación de un informe de Contraloría que reveló que la campaña del exDC gastó 31 millones de platas públicas en asesorías de coaching, en las que se aludía a la contingencia política durante el período electoral a fines de 2024, tiempo en el que Orrego buscaba ser reelegido como gobernador.
Si bien el otrora intendente niega los hechos e interpuso un recurso de reconsideración ante la Contraloría, los consejeros de Republicanos -que sólo conforman 11 de los 34 cores totales- buscan una adhesión de Chile Vamos a fin de alcanzar el tercio requerido para presentar la solicitud de destitución.
"El elemento más importante es el informe de la Contraloría. Es muy claro y, de hecho, ellos mismos señalan esta causal de contravención grave a la probidad administrativa. Entonces, es de consecuencia que nosotros estudiemos esta destitución", expresó el consejero republicano Ignacio Dülger.
En tanto, su par metropolitano de la UDI Nicole Aguilera afirmó que su sector trabaja de manera mancomunada con Republicanos. Sin embargo, aclaró que decidirán si adherirse o no a la solicitud después de citar al gobernador Orrego y ver las actas el miércoles de la próxima semana.
"Estamos esperando al pleno del (miércoles) 11 de junio, pero estamos trabajando mancomunadamente con la bancada de Republicanos. Obviamente estamos en contra de todas las irregularidades que han sucedido hoy en torno al gobernador, más aún si involucran dineros de todos los chilenos", expresó.
Diputada Musante apoya solicitud de destitución
En la misma línea, la diputada independiente -pero de la bancada PPD- Camila Musante apoya la destitución de Orrego, ya que se debe "cuidar la utilización de los recursos públicos".
"Si se comprueban dineros que se utilizan para un fin distinto de los que la ley establece, entonces tiene que procederse a la destitución de la autoridad correspondiente", manifestó la parlamentaria.
"Si ese es el caso del señor Orrego, que así sea. Acá no hay una lectura de partidos políticos de derecha izquierda o de oposición u oficialismo. Acá simplemente es hacer valer lo que dice la ley y cuidar la utilización de los recursos públicos. Ojalá también se aplicara al respecto de los parlamentarios", agregó.
Desde el Ministerio Público, el fiscal nacional, Ángel Valencia, le asignó formalmente el caso a la Fiscalía Metropolitana Oriente. Sin embargo, aún están pendientes el nombramiento del persecutor a cargo y el desarrollo de las primeras diligencias.
