Los diputados UDI Guillermo Ramírez (timonel del partido) y Jorge Alessandri amenazaron con presentar una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en caso de que el Gobierno insista en ingresar al Parlamento la norma que establece exigencias para el despido de funcionarios a contrata, considerada por la oposición como un "amarre" para la próxima Administración.
A través de un comunicado, los parlamentarios gremialistas manifestaron su preocupación frente a la discusión sobre la ley anual de reajuste al sector público y señalaron que si el jefe de la billetera fiscal "no retira esta ley inmoral de amarre para apitutar a operadores políticos, lo vamos a acusar constitucionalmente en marzo, por lo que se puede dar por notificado".
En ese sentido, la bancada de diputados UDI enfatizó que "no permitirá que el ministro, sin que tenga un ápice de vergüenza, trate de pasar en una ley que se discute año a año como es el reajuste del sector público, el incluir una norma permanente para dejar con empleos vitalicios a partidarios del actual Gobierno".
En su misiva, ambos parlamentarios reiteraron que no permitirán que Grau "se transforme en la mayor agencia de empleo de sus partidarios, mientras miles de chilenos, hombre y sobre todo mujeres, sufren el drama de la cesantía".
Agregaron que iniciarán acercamientos "con toda la oposición, incluido el PDG", con la finalidad de "lograr que usted (ministro Grau) no pueda trabajar en el sector público por cinco años y se ponga a la fila para buscar empleo como esos chilenos que usted mantiene sin trabajo".
"El Gobierno fue derrotado en las urnas y también culturalmente, y éstas malas prácticas deben ser erradicadas de raíz de la política chilena. Si usted insiste con esta norma de amarre, está ya notificado que lo acusaremos constitucionalmente", concluyó la carta de los parlamentarios UDI.
Diputado Ibáñez (FA) acusa uso "no democrático" de la AC por parte de la UDI
En la misma línea, la diputada UDI Marlene Pérez señaló que los presuntos "amarres" evidencian conflictos de interés: "(Es) una grave falta de transparencia. Cuando se amarra a una persona en un puesto que debe ser ocupado por profesionales calificados, lo que pasa es que se debilita la eficiencia del Estado", sostuvo.
"Es indispensable distinguir entre los funcionarios de carrera, que ejercen su labor con profesionalismo y vocación de servicio, y los operadores políticos", enfatizó.
A estas declaraciones gremialistas respondió el diputado del FA Diego Ibáñez, que indicó en su cuenta de X que "proponer una acusación constitucional es una utilización no democrática del instrumento, menos si la propuesta de ley es menos restrictiva para las jefaturas de una votada a favor de la comisión de trabajo por los propios diputados de la UDI y de Chile Vamos".
