La bancada de consejeros regionales de la UDI presentó este viernes una serie de antecedentes ante el Tribunal Calificador de Elecciones en (Tricel) para buscar sanciones contra el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, a raíz de la polémica por el gasto de 31 millones de pesos en asesoría de coaching durante el periodo electoral de fines de 2024.
La polémica se da tras la publicación de un informe de Contraloría que reveló que la campaña del exintendente gastó 31 millones de platas públicas en asesorías de coaching, en las que se aludía a la contingencia política durante el periodo electoral a fines de 2024, tiempo en el que Orrego buscaba ser reelegido como gobernador.
Si bien Orrego ha negado reiteradamente los hechos, los consejeros del Partido Republicano -que sólo conforman 11 de los 34 cores totales- buscaban adhesión de Chile Vamos a fin de alcanzar el tercio requerido para presentar la solicitud de destitución ante el Tricel.
En esa línea, desde el gremialismo esperan que, una vez presentados los antecedentes, sea el Tricel el que evalúe las sanciones correspondientes contra Orrego, con la destitución como eventual medida más gravosa.
La decisión de la UDI fue tomada tras recopilar nuevos antecedentes que a juicio de los consejeros configuran graves faltas a la probidad en el Gobierno Regional.
El primer caso que informaron es el de una página web adjudicada por trato directo por más de 110 millones de pesos que habría sido diseñada por una empresa vinculada a un alto directivo del Gobierno Regional.
La otra denuncia es la contratación de una fundación ligada a la madre del entonces asesor presidencial Miguel Crispi durante 2022 y 2023. Según los consejeros gremialistas, esta contratación se habría realizado mediante licitación con condiciones relajadas en el contexto de la ejecución presupuestaria del Gobierno Regional.
"Nosotros, como bancada UDI, estamos disponibles y vamos a trabajar en el escrito para que sea otra instancia, en este caso el Tricel, el que evalúe esta falta de la probidad y pueda haber las distintas sanciones que puedan haber al gobierno regional", explicó el consejero regional Álvaro Bellolio (UDI).
"Por ello, invitamos a todas las bancadas y a los abogados de las bancadas, independiente, sea republicano o de Renovación Nacional, incluso del oficialismo, para que trabajemos en un documento en común y lo podamos ingresar al Tricel a la brevedad, porque necesitamos que una nueva instancia pueda evaluar los antecedentes y tomar una decisión y tomar sanciones si corresponde", complementó.
Coincidió con Bellolio el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, haciendo un llamado a los demás integrantes del CORE para que "se sumen a la iniciativa de los consejeros regionales republicanos y ejerzan sus atribuciones de fiscalización, para que el Tricel revise los antecedentes en profundidad, y vea si procede la destitución del gobernador Orrego".
Consejeros RN: "No vamos a mirar para el lado, ni tampoco vamos a actuar por presión o cálculo"
A través de un comunicado, los consejeros metropolitanos de RN anunciaron que también están analizando los antecedentes.
"La posibilidad de solicitar la destitución del Gobernador Orrego es una realidad política, administrativa y jurídica, y no nos vamos a omitir en eso. Pero sabemos que para que una destitución prospere, necesitamos argumentos jurídicamente sólidos que se tienen que construir", afirmaron.
"Creemos con firmeza que, no podemos en una instancia así, dejar un espacio a errores, y por lo tanto, un espacio a favor de salida a quien hoy debe rendir cuentas", señalaron los consejeros militantes de RN.
En esa línea, anticiparon que "el lunes, la Consejera y Presidenta de la comisión de coordinación del Gobierno Regional, Valeria Ponti, pondrá en tabla la constitución de la Comisión de Control Regional, instancia que nos permitirá exigir los 52 informes de coaching encargados por la gobernación, instrumentos claves para el argumento, además de todas las informaciones que sean necesarias en ese y otros temas".
Además, "solicitaremos una audiencia formal con la Contralora General de la
República para entender, con el criterio técnico y objetivo, el tenor de todos los antecedentes que ha proporcionado", indicaron.
"No vamos a mirar para el lado, ni tampoco vamos a actuar por presión o cálculo. Entendiendo que el caso merece ser abordado con prontitud, seremos firmes y rigurosos en esta investigación", concluyeron los consejeros.
