Juan Díaz llegó a un acuerdo con la Fiscalía para evitar ir a juicio oral.
Díaz fue el personaje que sugirió que la Presidenta Bachelet se beneficiaría del negocio inmobiliario de su nuera con mil millones.
El Juzgado de Garantía de Rancagua declaró culpable de los delitos de cohecho y soborno a Juan Gregorio Díaz Sepúlveda, operador político de la UDI, en el marco del caso Caval.
Conforme se definió la semana pasada, el ingeniero llegó a un acuerdo con la Fiscalía de O'Higgins a objeto de evitar un juicio oral extenso. El mismo camino siguió el síndico de quiebras Herman Chadwick Larraín, hijo del también dirigente UDI Herman Chadwick Piñera.
En una audiencia realizada este lunes en la capital de O'Higgins, donde se está preparando el juicio oral para el resto de los imputados, el tribunal comunicó el veredicto condenatorio e informó que la lectura de la sentencia se fijó para el sábado 25 de noviembre al mediodía.
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Juan Díaz es reconocido como un operador político de la UDI que cumplió condena por estafar a un matrimonio en Curicó y también se vio involucrado en el marco del caso Spiniak por una supuesta obstrucción a la justicia.
En el caso Caval estaba imputado como autor de delitos tributarios, cómplice del de ventajas indebidas y de soborno a funcionarios de la Municipalidad de Machalí para lograr su intercesión a favor del cambio del uso del suelo de los terrenos que compró la empresa Caval, de propiedad de Mauricio Valero y Natalia Compagnon, la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet.
AHORA #CasoCaval: Juzgado de Garantía de #Rancagua dicta veredicto condenatorio contra Juan Gregorio Díaz por cohecho y soborno. La lectura de sentencia se fijó para el 25 de noviembre a las 12:00 pic.twitter.com/0AJlTRqyq4
— Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) 20 de noviembre de 2017
En este contexto, en un diálogo telefónico interceptado por Carabineros -según versiones de prensa, al tanto de que era escuchado- afirmó que la Presidenta Michelle Bachelet se beneficiaría con "por lo menos mil millones" del negocio de su nuera.
Esta información fue publicada por la revista Qué Pasa y motivó una querella por injurias de la propia Bachelet, donde se pedían penas de hasta tres años para los periodistas del medio. La acción legal fue retirada posteriormente.
