El jefe de la bancada UDI, Gustavo Benavente, anunció este lunes que, con motivo del "pinchazo" a Miguel Crispi que reveló nueva información sobre la fallida compra de la casa de Salvador Allende, sus diputados enviarán preguntas al Presidente Gabriel Boric respecto a la operación.
El parlamentario recordó que en el pasado, "acompañamos un cuestionario dirigido al Presidente de la República" por parte de la oposición, "pero en vista de estos nuevos antecedentes que han surgido, vamos a complementar ese cuestionario, a fin de que el Presidente también responda si la senadora (destituida Isabel) Allende llamó o no al Gobierno para agilizar los trámites de la compra de su casa", como indicó Crispi a su madre en una llamada telefónica.
Los gremialistas también solicitarán que el exjefe de asesores del Segundo Piso sea citado a la comisión investigadora del caso, así como el actual jefe de gabinete del Mandatario, Carlos Durán.
La UDI dio a conocer estas medidas horas después de que el director de Ideas Republicanas, Patricio Dussaillant, advirtiera en Cooperativa que Boric "era el más interesado" en que el Estado comprara la casa de Allende, y por lo tanto, "en algún minuto va a tener que decir cuál fue su rol en esto".
Hasta el momento, el Presidente ha declarado ante el Ministerio Público en calidad de imputado por esta causa, que lleva el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper: el mismo que ordenó las escuchas a Crispi, en el contexto del caso ProCultura.
"Es información que estaba en la carpeta investigativa de enero, hace más de casi cinco meses atrás, se entregaron copias -la semana pasada- a los intervinientes. La intervención telefónica del señor Crispi estaba autorizada por un tribunal de la República, el teléfono ya no está pinchazo, y desde cuándo a cuándo tampoco hay información de eso", explicó el fiscal Cooper.
"Me llama mucho la atención que se hable de este tema cuando se afecta a ciertas personas, pero cuando se investiga otro tipo de delitos no se cuestiona las intervenciones telefónicas respecto a narcotráfico y terrorismo", complementó el persecutor.
Gobierno: No nos corresponde pedir explicaciones sobre el "pinchazo"
En paralelo, la diputada Gael Yeomans (Frente Amplio) acusó que el fiscal nacional, Ángel Valencia, evade su responsabilidad al apuntar que se necesitan modificaciones legales para controlar la trazabilidad de los antecedentes judiciales, e incluso ofició al líder del ente persecutor para que revele la cantidad de filtraciones que se han registrado, y cuántos sumarios han llegado a puerto por las mismas.
"Para que el fiscal nacional responda, he decidido oficiar al Ministerio Público para conocer cuántas filtraciones han habido, cuántos procedimientos sancionatorios se han abierto y cuántas sanciones se han aplicado", indicó la legisladora.
Consultada al respecto, la vocera de Gobierno (s), Aisén Etcheverry, puntualizó que "la Fiscalía y los tribunales son autónomos, y por lo tanto, no nos corresponde ni pedir explicaciones, ni dar explicaciones por los actos que ellos determinan", en este caso, refiriéndose al propio "pinchazo".
"Las escuchas telefónicas son una medida intrusiva, que requiere de una alta justificación, y eso es algo que todos los ciudadanos tenemos que saber, porque evidentemente, genera la preocupación o al menos la pregunta de bajo qué circunstancias o cómo se explica (tal diligencia), pero las explicaciones son algo que competen a la Fiscalía y a los Tribunales de Justicia", insistió la ministra.
