Se realizó en Costa Rica la segunda jornada oral del juicio contra el Estado por la aplicación de la Ley Antiterrorista.
La defensa nacional destacó que ha disminuido la presentación de querellas por esta causa.
Comisionados hicieron duras críticas al actuar del Estado frente a los comuneros.
Ayer jueves se realizó en San José de Costa Rica la segunda jornada del juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Chile por la presunta aplicación discriminatoria de la Ley Antiterrorista en contra del pueblo mapuche.
La abogada Jimena Reyes, parte de la defensa mapuche de este caso "Norín Catrimán y otros versus el Estado de Chile", destacó ante la CIDH que la Ley Antiterrorista aumenta considerablemente las penas de los imputados y fue usada por el Estado en al menos tres casos ocurridos en la década pasada, convirtiendo condenas de 60 días en privaciones de libertad de entre cinco y 10 años.
"Además de las violaciones al debido proceso, el Estado violó el derecho a la no discriminación. En el proceso y la condena del caso de los lonkos por amenaza terrorista y el caso Poluco Pidenco por incendio terrorista existió una diferencia de trato basada en el origen étnico de nuestros representados y en sus reivindicaciones, y esta diferencia de trato constituyó una discriminación que no tiene ninguna justificación", argumentó Reyes.
En la audiencia intervino, por parte del Estado, el embajador de Chile en Costa Rica, Miguel Ángel González, quien negó una política deliberada de discriminación contra el pueblo mapuche.
"En relación con las afirmaciones respecto a que el Estado de Chile lleva a cabo una política deliberada de discriminación en contra de los pueblos indígenas me permito señalar que, muy por el contrario, y desde la adopción de la Ley Indígena en el año 1993 se han venido adoptando importante iniciativas de reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios", dijo González.
El diplomático mencionó medidas como la enseñanza de lenguas originarias, apoyo y becas a estudiantes mapuche, el reconocimiento de sitios sagrados y medicina tradicional, la presencia de autoridades indígenas en actos oficiales de Gobierno, el apoyo económico para acceder a la vivienda, y el reconocimiento legal de la costumbre en los conflictos con partes indígenas.
"Éstas han estado dirigidas a crear una cultura de respeto, promoción y protección de los indígenas, sus familias, sus comunidades, desarrollándose un gran número de medidas adecuadas para tales fines", aseveró.
En la misma línea, el abogado Francisco Gali descartó un abuso del Estado en la invocación de la Ley Antiterrorista. Según el jurista, entre 2009 y 2013 el Gobierno ha interpuesto 112 querellas por delitos graves en La Araucanía, de las cuales sólo cinco fueron por delitos terroristas.
En sólo dos de esas querellas los imputados eran en su mayoría mapuche, pero fueron condenados por delitos simples, mientras que los tres recursos restantes, en casos de alta connotación pública, no fueron contra comuneros mapuche, sino "contra quienes resulten responsables", expresó.
Estos tres casos fueron "un incendio a una casa patronal en la que se quemó vivo a un matrimonio de adultos mayores que finalmente fallecieron (caso Luchsinger-MacKay). El segundo, un incendio multifocal a intencional que terminó con la muerte por fuego de siete bomberos forestales y el tercero el descarrilamiento intencional de un tren y el ataque con armas de fuego a quienes estaban a cargo del mismo", enumeró el letrado.
"¿Contra quién se presentaron esas querellas por parte del Gobierno? Contra quienes resulten responsables. De esta forma, no se ha atribuido participación a ninguna persona de la etnia mapuche en esos delitos", sentenció Gali.
Conclusiones
La comisionada Rose-Marie Belle Antoine concluyó la participación de las partes en el juicio con una abierta crítica al Estado de Chile por la aplicación de la Ley Antiterrorista.
Según Belle Antoine, organismos de la ONU ya habían advertido acerca de este problema, pero la ley se siguió aplicando por parte de los gobiernos, y si bien la cantidad de querellas ha bajado, aún sigue en vigencia.
"La Comisión (Interamericana de Derechos Humanos) considera que la aplicación de la Ley Antiterrorista a las víctimas encarceladas fue discriminatoria, porque estos miembros de la comunidad mapuche fueron sometidos a ella sobre una base étnica", consideró.
La comisionada destacó que "la aplicación selectiva de la Ley Antiterrorista había sido identificada como un problema serio" y "numerosas entidades de las Naciones Unidas han manifestado su preocupación por estos hechos, como el Comité Para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Relator Especial en Racismo, el Relator Especial en Comunidades Indígenas y el Relator Especial en Terrorismo".
El fallo de la Corte -que ya condenó al Estado de Chile en caso de la jueza Karen Atala- será dado a conocer dentro de los próximos dos a cuatro meses.
