El encargado nacional de la unidad de seguimiento del sondeo, Fabián Salas, dijo a Cooperativa que participaron "casi 3.500 personas" en este mecanismo.
"Se subestimó a las comunidades", afirmaron voceros mapuche.
La primera fase de la consulta indígena impulsada por el Gobierno de Gabriel Boric en la Región de La Araucanía, ha sido calificada de "fracaso total" por comunidades mapuche.
La situación fue reconcida por el encargado nacional de la unidad de seguimiento del sondeo, Fabián Salas, quien ha recibido actas y mensajes que les piden "poder mejorar parte del proceso", e incluso algunos han manifestado un "rechazo inmediato".
El funcionario dijo a Cooperativa que participaron "casi 3.500 personas" en este mecanismo, que busca destrabar más de 2.000 trámites de compra de tierras pendientes en la Conadi, iniciado el 13 de agosto y finalizado el pasado fin de semana.
"Tenemos mucha información que sistematizar y poder observar para poder adecuar el proceso a la necesidad que nos han planteado, de poder tener más tiempo para la información, de poder ir a sus territorios para poder participar en las conversaciones con los dirigentes y con las autoridades tradicionales o bien para poder generar espacios de autonomía para el diálogo interno de las propias comunidades y poder entregarnos una respuesta o contrapropuesta", señaló Salas.
Este resultado marca el término de la primera fase de esta consulta indígena, cuya finalización está proyectada para marzo del próximo año.
Desde las comunidades manifestaron que el proceso "no funcionó" y que los motivos son varios, entre ellos la falta de información al interior de los territorios, la exigencia de nuevos requisitos para postular a la restitución de tierras y lo que significa el mineral para los pueblos originarios.
"El Gobierno subestimó a las comunidades", afirmó la abogada Natividad Llanquileo, dirigenta mapuche y exmiembro de la antigua Convención Constitucional.
"Hoy ha quedado reflejado completamente en todos los territorios el fracaso, el rechazo a la consulta que instauró el Presidente Gabriel Boric", sostuvo, por su parte, Max Reuka, vocero de los territorios de Purén.
Las comunidades también han criticado la falta de representatividad en la Comisión para la Paz y el Entendimiento, a la que acusan de haberse reunido "entre cuatro paredes" con profesionales mapuches que no los representan. Aseguran que la Comisión incluyó a dirigentes de agricultores, como Sebastián Navillán, y a profesionales mapuche que, a su juicio, no tienen nada que ver con sus comunidades.
La oposición ha abierto un nuevo flanco de crítica, cuestionando los recursos gastados en este proceso. El diputado Andrés Jouannet (Amarillos) pidió investigar el monto total que se destinó para la implementación de la mesa de diálogo y la consulta.
El Gobierno, en tanto, ha respondido que se trata de una obligación legal establecida en el Convenio 169 de la OIT, que obliga al Estado a consultar a las comunidades indígenas sobre medidas administrativas y legislativas que las atañen.
