A tres años de la entrada en vigencia del estado de excepción en la Macrozona Sur, la vocera de Celestino Córdova, Cristina Romo, cuestionó al Gobierno del Presidente Gabriel Boric por su trabajo en la zona, advirtiendo que "no es distinto" a otras administraciones, y acusando una "criminalización" de la causa indígena.
"Estamos bajo un Gobierno que ha demostrado no diferenciarse en nada de los demás que han administrado este Estado, ya que, a la hora de defender los intereses de los ricos, todos han actuado de la misma forma con nuestro pueblo, criminalizando nuestra lucha, encarcelando a nuestra gente y desprestigiando nuestras demandas", cuestionó Romo.
Asimismo, lamentó que se lleve "más de tres años militarizado nuestro territorio, aumentando la cantidad de peñis y lamngen secuestrados por el Estado chileno y argentino, aumentando en todos los territorios proyectos extractivistas con capitales extranjeros que pretenden explotar a nuestra Ñuke Mapu y que en nada nos beneficia".
"La corrupción es generalizada -sobre todo en la Justicia- y pretenden darnos lecciones de ética", cerró la representante de Córdova.
Por su parte, el dirigente de Loncoche Erwin Colillanca calificó la prolongada medida como "una acción desesperada del Estado y sus instituciones ante el fracaso de la política de relación con el pueblo mapuche. Una clara definición de enemistad del Estado con el pueblo mapuche"
"Al asumir un control colonial, teniendo al Ejército de ocupación en territorio mapuche, no se promueve la paz, menos el entendimiento", fustigó el vocero, que también ha criticado las conclusiones de la comisión del Gobierno para solucionar el conflicto de tierras en La Araucanía.
Ante la convocatoria desde comunidades mapuche a dedicar esta jornada a la "reflexión y agitación", hay un fuerte contingente militar y policial desplegado en la Ruta 5 Sur, enfocándose en la Provincia de Malleco.
En las últimas horas se han desarrollado conversaciones al interior de universidades y también en comunidades mapuche debido a que el Gobierno reiteró que el estado de excepción continuará hasta el último día de gestión.
El Ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, informó desde Temuco que la medida se va a mantener por medio de una inversión que supera los 23 mil millones de pesos destinados para el personal y su equipamiento policial.
Agricultor: La Comisión por la Paz no da mucha esperanza
Las víctimas de la violencia rural también están disconformes con las propuestas entregadas el Ejecutivo: "La Comisión de Paz tampoco da mucha esperanza", manifestó Juan de Dios Fuentes, agricultor que vive en Ercilla y dice haber sufrido más de 60 ataques.
"Erra en la forma en cómo se determina la cantidad de hectáreas que están en poder del mundo indígena. Lo único que hace es ahondar esta herida y darnos una desesperanza, en el sentido de que nos quedan muchos años todavía de sufrimiento y angustia", alertó el afectado.
Respecto al estado de excepción, Juan de Dios aseveró: "No ha sido eficaz, ha seguido funcionando el sistema terrorista y esta violencia instalada, y la verdad es que, como víctimas, por lo menos desde nuestra percepción no hay gran cambio".
Según cifras entregadas por la Multigremial de La Araucanía, alrededor de 12 mil hectáreas son controladas por grupos radicalizados en la región, los que han levantado actos de sabotaje en contra de las empresas forestales.
