Tras cinco años de espera, la demolición se iniciará la próxima semana con apoyo de Carabineros y una empresa contratada por Serviu.
La jurista solicitó al fiscal nacional medidas especiales para evitar incidentes y aplicar la Ley de Usurpaciones.
La abogada Jeanette Bruna, representante de la familia del empresario Alejandro Correa -asesinado en 2020 tras denunciar la usurpación de su terreno en Quilpué-, cuestionó duramente en Radio Cooperativa el rol del Estado frente a la ocupación y el inminente proceso de demolición de las viviendas levantadas en el lugar.
"El Estado no tiene programa, está en deuda desde hace mucho tiempo con protocolos para prevenir tomas y para desalojarlas desde el inicio. Se ha transformado en un Estado fallido en materia de usurpación de terrenos y construcción de ciudades, porque ha tomado palco", afirmó la jurista en conversación con El Diario de Cooperativa.
Según Bruna, recién esta semana se adjudicó a la empresa Río Grande la ejecución de la demolición, trámite que llevaba más de cinco años pendiente. El contrato ya fue firmado y, de acuerdo a lo programado, la entrega del terreno a la empresa podría concretarse el próximo lunes 29 de septiembre.
Respecto a la polémica sobre si se trata de un "desalojo" o una "demolición", la abogada explicó que la resolución de la Seremi de Vivienda de 2021 establece la demolición con fuerza pública, lo que incluye el retiro de las familias que permanezcan en el lugar. "Es una sanción administrativa mucho más gravosa que un simple desalojo", recalcó.
En paralelo, Bruna solicitó por ley de lobby una audiencia con el fiscal nacional para que se designe un persecutor exclusivo o se dicten instrucciones a Carabineros para aplicar la Ley de Usurpaciones en caso de que algunas de las cerca de 120 familias identificadas se resistan a abandonar el predio.
"No queremos enfrentamientos, pero sí que se cumpla la ley. El delito de flagrancia está configurado si las personas se quedan", sostuvo.
La abogada adelantó que la familia Correa planea invertir en un cierre perimetral para evitar nuevas ocupaciones y no descarta entregar el terreno en comodato temporal a la Municipalidad de Quilpué, con miras a proyectos sociales o incluso la instalación de un cuartel policial.
