El Ministerio Público solicitó penas de presidio perpetuo calificado (40 años de prisión efectiva, sin acceso a beneficios) contra los nueve acusados de provocar el megaincendio del año pasado, que terminó con 138 fallecidos en Viña del Mar y Quilpué, en la Región de Valparaíso.
Las penas fueron solicitadas por el fiscal Osvaldo Ossandón, en el marco de la acusación que les interpuso al concluir la investigación penal que inició tras el término de la catástrofe, ocurrida el 2 y 3 de febrero de 2024. El persecutor les imputa el delito de incendio con resultado de muerte en carácter reiterado, entre otros ilícitos, consignó El Mercurio.
Ossandón presentó un documento de 50 páginas, en el que pide aplicar -contra los imputados- condenas adicionales de 7 años por el delito ambiental que significó la quema de más de 8 mil hectáreas de vegetación natural protegida (parte importante de ella perteneciente a la Reserva Nacional del Lago Peñuelas); la destrucción del Jardín Botánico y de 4.500 casas, además de una cifra sin determinar de vehículos.
Asimismo, les agregó 5 años de cárcel por el delito de integrar la asociación criminal que, según afirma el ente persecutor, entre diciembre de 2021 y febrero de 2024 provocó alrededor de 21 incendios forestales de manera intencional.
De ese total de siniestros, el fiscal Ossandón atribuyó cinco a todos los integrantes de la asociación, y el resto a miembros determinados, indicó el rotativo.
"No nos tiene sorprendidos la solicitud de la Fiscalía", admitió la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, relevando que "el daño es irreparable: no lo vamos a reparar ni con las casas, ni con la organización, ni siquiera con los talleres de salud mental ni atenciones psicológicas. Se perdieron vidas, y eso es tan grave como para (merecer) una cadena perpetua".
El detalle de la acusación
Entre los imputados que arriesgan las mencionadas penas se encuentran los exbomberos de la 13ª Compañía de Valparaíso (Placilla) José Jerez, Matías Cordero, Elías Salazar (exfuncionario de Senapred), Francisco Mondaca y Claudio Gamboa; mientras que los exbrigadistas de la Conaf corresponden a Maximiliano Véliz, Franco Pinto, José Antenas y Ángel Barahona.
Francisco Mondaca también arriesga una pena adicional de 5 años por presunto porte ilegal de fuegos artificiales y explosivos artesanales.
La indagatoria del Ministerio Público identifica a Mondaca y Salazar como los autores materiales del fatídico megaincendio. Los acusa de haber lanzado fósforos atados a cigarrillos encendidos para provocarlo, en concordancia con Franco Pinto, quien presuntamente los instruyó en la confección y uso de dichos aparatos incendiarios.
Este último, durante su declaración, culpó a Elías Salazar de haber instruido a Mondaca en el empleo de dichas confecciones incendiarias.
Llaman a perseguir a autoridades de la zona
Si bien el diputado Tomás Lagomarsino dijo esperar que "los tribunales acojan la pena solicitada", también pidió que "Fiscalía inicie pronto las indagatorias y cite a declarar a las autoridades que participaron en la respuesta al megaincendio, tanto por sus actuaciones, como por sus omisiones".
En la misma línea se pronunció Rigoberto Saint Jean, vocero de las familias afectadas por la tragedia, quien calificó la acusación del Ministerio Público como "una luz de esperanza", y al mismo tiempo, advirtió que "no nos vamos a detener ahí, ya que sabemos que hay más responsables".
El dirigente acusó que existen "autoridades que permitieron que el fuego viajara por más de seis horas, y que no hicieron nada por detenerlo; están las evidencias, es cosa de seguir investigando", por lo que emplazó a la fiscal regional, Claudia Perivancich, y al persecutor Claudio Reveco a que "por favor, llamen a declarar a las autoridades, que es importante".
