El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) emitió una orden dirigida al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de la Región de Valparaíso para demoler las viviendas levantadas por pobladores en los terrenos de la familia Correa en Quilpué.
Según consignó El Mercurio este miércoles, esta medida viene a concretar, cuatro años después, lo instruido por la Seremi de Vivienda en junio de 2021, que declaró ilegales las edificaciones en el lugar por vulnerar las normas del Plan Regulador Comunal y ordenó demolerlas.
También, viene a cumplir el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso del 27 de agosto de 2024, que acogió un recurso de protección interpuesto por la familia Correa ante la falta de concreción.
La nueva resolución del Minvu establece que los fondos públicos ya están dispuestos para concretar la demolición y ascienden a casi 88 millones de pesos.
La familia del empresario Alejandro Correa, asesinado en mayo de 2020 en Concón por un sicariato relacionado con la disputa de terrenos en Quilpué, ha expresado su indignación ante la demora en la ejecución de una orden judicial de desalojo de las propiedades que aún permanecen ocupadas ilegalmente.
La resolución del Serviu
En otra resolución, del pasado 14 de agosto, el Serviu Valparaíso ordenó "ejecutar la demolición de las construcciones emplazadas" en el terreno que pertenece a la familia Correa.
La medida, firmada por la seremi de Vivienda, Belén Paredes, dice que la demolición debe ejecutarse "previo cumplimiento del procedimiento de contratación respectivo y de la salida de las personas que habiten dichas obras".
Así es que el documento señala que aquello debe realizarse solicitando "el auxilio de la fuerza pública" requiriendo "la colaboración del Ministerio del Interior, a través del Subsecretario del Interior, a fin de que, conforme a sus facultades legales, efectúe la coordinación interministerial necesaria para el debido cumplimiento de la Resolución Exenta N° 1.000, 2021, de esta Secretaría Regional Ministerial".
Según se precisó, este proceso se debe realizar "en especial resguardo a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de la República y los tratados internacionales suscritos por Chile que se encuentren vigentes, respecto de los ocupantes irregulares del inmueble".
Reunión con la contralora
Esta resolución se dio cuando hace algunos días la abogada que representa a la familia Correa, Jeanette Bruna; acompañada de la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, sostuvieron una reunión con la contralora Dorothy Pérez.
"Si bien ya habíamos sostenido una reunión en la Contraloría Regional, era muy importante para la familia exponer ante la contralora Dorothy Pérez, la situación de incumplimiento normativo permanente en que se encuentra el Serviu, puesto que es dicha institución la que hoy cuenta con el deber de ejecutar la demolición sin más trámites", afirmó Bruna, agregando que "esperamos que se avance y se fije una fecha concreta de demolición y se ejecute".
Por su parte, la alcaldesa Corti señaló que en el encuentro se expusieron "las preocupaciones, porque esto ocurre en Quilpué y no podemos solo ser observantes, sino que (debemos) inmiscuirnos en algunas decisiones que hoy día ha tomado y ha dejado de tomar tanto Serviu como Minvu respecto de la orden judicial que establece la Corte de Apelaciones en el desalojo de terrazas Marga Marga".
