Este martes se registró el segundo día de formalización de los 11 imputados por el caso Bonhomía, que dice relación con un tercer cuestionado convenio firmado por Gobierno Regional del Biobío.
Bonhomía es una fundación que fue arrendada para poder hacerse de los recursos que entregaba el gobierno regional de manera directa, y a la que se le indaga un convenio que permitió la realización del proyecto Biobío Vive Sano, que obtuvo financiamiento por 356 millones de pesos.
Durante esta jornada, la Fiscalía fundamentó las diferentes medidas cautelares que está solicitando para los imputados, entre ellas la prisión preventiva para cuatro imputados.
Los hermanos Luis Pavón Hidalgo y Jorge Mizón Hidalgo son parte de los investigados a los que se les solicita la cautelar más gravosa, algo que es considerado desproporcionado por el abogado de ambos, Humberto Alarcón, quien dijo que -a su juicio- existe evidencia necesaria de que el convenio se ejecutó.
"Acá la evidencia que existe en la investigación, da cuenta que el programa se desarrolló a su cabalidad. Existe evidencia suficiente en redes sociales, en medios de comunicación, en donde estos servicios sí fueron efectuados en distintas comunas de la región, comunas bastante rurales", afirmó el defensor.
Debido a esto, consideró que "las cautelares (solicitadas) son desproporcionadas", afirmando que estas medidas "lo que buscan es tener a disposición al imputado en la actuación del procedimiento, y mis representados lo han estado, han comparecido a las audiencias que se han efectuado, y a las diligencias de investigación".
En esta investigación, el Ministerio Público investiga los eventuales delitos de fraude al fisco, lavado de activos y obtención fraudulenta de prestaciones estatales.