El Consejo de Defensa del Estado persigue judicialmente la devolución de 18 millones de pesos pagados al ex arquero de la selección chilena, Nelson Tapia, por trabajos no realizados en el Municipio de Molina.
El contrato del ex golero se realizó a través del Departamento de Administración Municipal (DAEM) de la comuna con recursos de la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) el 2014 y fue denunciado por el abogado particular Víctor Bahamondes en 2015 a la Contraloría, la que en dos instancias ordenó la restitución de las platas.
El municipio recurrió al Tribunal Constitucional, el que durante la primera quincena de septiembre falló en contra del gobierno comunal que dirige la alcaldesa Prisicila Castillo (DC).
"Esto se arrastra desde hace bastantes años y da cuenta de pagos que realizaron a través de boletas de honorarios al ex seleccionado nacional Nelson Tapia por trabajos que no lograron ser comprobados a través de una investigación especial que llevó a cabo la Contraloría", dijo el concejal Felipe Méndez (independiente).
El edil agregó que "esto fue a un juicio de cuentas, donde se exige al administrador municipal y cuatro funcionarios más que reintegren los recursos pagados a través de la Ley SEP. Esto está en el Juzgado de Letras de Talca luego de un fallo del Tribunal Constitucional".
Estrategía electoral
La alcaldesa de Molina, Priscila Castillo, dijo a Cooperativa Regiones que "estamos a seis meses de las elecciones municipales y como soy candidata a la reelección esta es claramente una estrategia para perjudicar el trabajo que hacemos como equipo municipal".
La jefa comunal agregó que "somos permanentemente fiscalizados por la Contraloría y por el CDE y en siete años no hemos tenido problemas. Esta denuncia es del 2014 cuando Nelson Tapia trabajó con nosotros y se hizo porque él es figura pública. El proceso judicial aún no termina y tengo la confianza de que lo vamos a ganar".
Sobre estos dichos, el CDE remarcó que cumplen "con el imperativo legal de representarla judicialmente en el ejercicio de las acciones que procedan, en resguardo del interés público comprometido. (...) La demanda se funda en una sentencia del Tribunal de Cuentas del Órgano Contralor, fallo que goza del mérito jurídico suficiente para que este Consejo demande lo adeudado".
Desde el Concejo Municipal de Molina dijeron que la acción a seguir como cuerpo colegiado, es la acusación al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) en contra la alcaldesa por notable abandono de deberes.
Nota del Editor: Originalmente la nota consignaba que el TC había ordenado al CDE perseguir judicialmente al Municipio, lo que es incorrecto debido a que el Consejo actúa autónomamente.
