Más de 8 mil decretos de expulsión de ciudadanos venezolanos emitidos en los últimos años no se han ejecutado, según cifras del Gobierno, y es probable que estos procedimientos se atrasen aún más producto del cierre de la embajada del país caribeño en Chile.
El reporte del Ejecutivo -consignado por La Tercera PM- precisa que, de esas órdenes, 2.240 han sido dictadas durante la administración del Presidente Boric, y el resto corresponde al periodo entre 2014 y el 10 de marzo de 2022.
Tras la salida del cuerpo diplomático venezolano la semana pasada, el Servicio Nacional de Migraciones realiza una serie de coordinaciones con Cancillería en busca de una fórmula que permita verificar la identidad de estos ciudadanos, y obtener la documentación requerida para que puedan retornar a su país.
Otro inconveniente para efectuar las expulsiones surgió desde la PDI, cuyos efectivos transmitieron al personal de Migraciones que en la actualidad, es "impracticable" que dos detectives desarmados acompañen al expulsado hasta su destino, como establece el protocolo.
El medio consultó a la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional (Jenamig) de la PDI al respecto, la cual relevó que el requisito para concretar estos vuelos es que "la representación consular de ese país verifique identidad, documente y autorice a sus connacionales dentro del territorio nacional, como asimismo a los oficiales escoltas que, necesariamente, deben acompañar a los expulsados hasta Venezuela".
"Como es de público conocimiento, actualmente no existe representación consular venezolana en el país, siendo imposible generar los procesos antes descritos", por lo que incluso advierten que los policías corren el riesgo de ser detenidos y acusados de espionaje u otros delitos al aterrizar en ese país.
Una de las alternativas que baraja el Gobierno para solucionar este percance es que los expulsados viajen junto a la PDI hasta Bogotá, Colombia, y que desde ahí continúen solos hasta Caracas, aunque ello dependería de la voluntad de las aerolíneas.
