Chile debe garantizar un financiamiento "adecuado, equitativo y sostenible" para la salud y alinear su Constitución con las normas internacionales de derechos humanos, señaló la relatora Especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a la salud, Tlaleng Mofokeng.
"El mayor desafío de Chile está en la obligación de garantizar un financiamiento nacional adecuado, equitativo y sostenible para la salud", aseguró Mofokeng en una conferencia donde compartió las conclusiones preliminares de su visita oficial al país, que dedicó a observar las prácticas y los retos que enfrenta el ámbito sanitario.
"Aunque la constitución chilena se refiera al derecho a elegir el sistema de salud, no garantiza el derecho a la salud en sí mismo", añadió la relatora, que instó al país a "ajustar" su carta magna a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos para asegurar la igualdad de acceso a la salud.
Según la experta, "los grupos poderosos que representan intereses creados en el sector de la salud con fines de lucro tienden a funcionar sin las necesarias salvaguardias de los derechos humanos en Chile".
"La salud no es un derecho, sino un negocio"
"Escuché en repetidas ocasiones el preocupante sentimiento de que, en Chile, la salud no es un derecho, sino un negocio", dijo Mofokeng sobre el sistema sanitario del país, sumido en una crisis desatada por los cobros excesivos de las isapres a sus afiliados, que protagonizaron un éxodo masivo al sistema de salud público en 2022.
Los largos tiempos de espera en los servicios públicos, que afectan a más de 2,5 millones de personas según datos del Ministerio de Salud, fue uno de los principales problemas abordados durante la visita de la relatora.
"Médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud denunciaron cargas de trabajo y niveles de estrés insostenibles, agravados por la frustración de los usuarios ante estos retrasos", advirtió.
Aumento de la demanda de salud mental
Mofokeng también citó el aumento de la demanda de atención a la salud mental debido al "trauma" intergeneracional de la dictadura, la militarización de las tierras indígenas y las lesiones sufridas durante el estallido social de 2019.
"El pueblo de Chile coincide en que la salud mental es una gran preocupación", señaló la experta, motivo por el que pidió el aumento del número de profesionales psicosociales y se refuerce la psiquiatría de base comunitaria para la intervención y el tratamiento precoces.
Además, alentó al Congreso de Chile a modificar la ley de aborto, que solo permite la interrupción del embarazo cuando hay riesgo para la vida de la madre, inviabilidad del feto o el embarazo es producto de violación, porque considera que las "restricciones legales vulneran el derecho a la salud al limitar el acceso a abortos oportunos y seguros".
Uso excesivo de la objeción de conciencia en el aborto
En este sentido, Mofokeng alertó del "uso excesivo" de la objeción de conciencia por parte de los profesionales de salud, un derecho contemplado en la ley pero que ha dado lugar a la existencia de hospitales con más de dos tercios de objetores, por lo que la relatora instó al Congreso a ratificar las enmiendas a la ley.
En junio el Presidente Gabriel Boric anunció que presentaría un proyecto de ley para legalizar el aborto libre en diciembre, propuesta que aún no se ha publicado, pero que este lunes la vocera del Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que estaría lista antes de enero de 2025.
Las palabras de Mofekeng coinciden con un agrio debate sobre los efectos de la ley aprobada este año para solucionar el problema de las cuotas excesivas cobradas durante años a sus clientes por las isapres y la polémica fórmula para que estas hagan los reembolsos.
El Gobierno aceptó que estas subieran las cuotas a los clientes para compensar los pagos millonarios que por decisión judicial debería afrontar, decisión que hace que sean los clientes quienes asuman el costo de las devoluciones de su propio dinero.
Y además dejó sin acotar el monto y la fórmula de las devoluciones, decisión que esta semana estalló al publicarse que el prorrateo de los gastos hará que la mayoría no recupere los sobrecostos en años y que en muchos casos, las Isapres le devuelvan poco más de 1.000 pesos por mes.