Empresas Banmédica, propiedad de la estadounidense United Health Group, denunció que Fonasa adeuda 76.251 millones de pesos a la Clínica Dávila, que pertenece a la firma.
Según informó El Mercurio, la filial atiende a 573 mil pacientes al año, siendo el 52,5% proveniente del sector público. Por la millonaria deuda, las prestaciones están en riesgo de seguir realizándose.
En detalle, los servicios se traducen en: 32 mil cirugías, 664 mil consultas, 54 mil atenciones de urgencia, 11.500 hospitalizaciones de cirugía y ocho mil PAD (Pago Asociado a Diagnóstico).
Al 31 de julio pasado, la deuda estatal con todas las clínicas de Banmédica asciende a 94.436 millones de pesos, siendo precisamente la Clínica Dávila la más afectada.
De ese total, 48.493 millones corresponden al recinto de Recoleta y 27.759 millones al de Vespucio, que entre ambos obtuvieron ingresos por venta de 327.998 millones y utilidades de 10.998 millones en 2022.
Según el rotativo, el 90% de la deuda de Fonasa con Dávila corresponde a prestaciones que se dieron por Ley de Urgencia y Rebase; el 10% restante por atenciones de casos Covid-19, GES y listas de espera, entre otros.
El 50% de lo adeudado se concentra en 2022, pero igualmente hay facturas más antiguas que quedaron pendientes, con fecha de 2017 incluso. Y, según explican desde Dávila, detrás de la deuda total hay unas 8.200 cuentas de más de 5.500 pacientes distintos.
"Fonasa asegura a las personas y, además, hasta enero de este año una parte del financiamiento lo hacía a través de los servicios de salud. Al final, el gran responsable es el Estado, a través de Fonasa, que es el financiador", dijo el gerente general de Clínica Dávila, José Ignacio Valenzuela.
Según explicó, la deuda se da luego de que el paciente se va de alta y su cuenta ingresa a un sistema de monitoreo de la entidad estatal, donde se activa un proceso de contraloría médica y Fonasa revisa que los cobros sean los correctos.
Posteriormente, queda a la espera de aprobación de Fonasa para facturar la cuenta y realizar el cobro; un proceso que "es arbitrario" para Valenzuela, que puntualizó que "las cuentas no tienen ninguna objeción, pero no se pagan".
Asimismo expuso que en 12 meses, el órgano estatal ha pagado el 66% de la deuda, pero apuntó que "este comportamiento es aún más dramático en el caso específico de la deuda por Ley de Urgencia y Rebase", siendo el 90% de todo lo adeudado, donde "al mes seis, Fonasa ha pagado solo el 8% y, al año, apenas un 39% de ella".
"NO HEMOS VISTO UNA ACCIÓN DECIDIDA DEL GOBIERNO PARA PAGAR"
La entidad privada ha realizado diversas gestiones tanto con el director de Fonasa, la ministra de Salud y la directora de Presupuestos, sin tener "respuesta satisfactoria".
En audiencia con Fonasa, "nos dijeron que no tienen los recursos y nos mandaron a Dipres, pero ésta nos devolvió al ministerio sectorial", dijo Valenzuela, que al mismo tiempo reconoció que se ha avanzado en temas operativos, pero sin traducirse en el cobro de facturas.
"Esto pasa por una voluntad política, por una priorización de la disponibilidad de recursos por parte del Gobierno, de poder entregar un plan de pago adecuado y en un plazo adecuado. No hemos visto una acción decidida del Gobierno para pagar", afirmó.
Por otro lado, expuso que para solventar la brecha de pagos se utilizan recursos propios y endeudamiento bancario, implicando un mayor costo financiero que no cubre Fonasa, pues paga las cuentas de forma nominal, sin aplicar el interés.
En ese sentido, el gerente general advirtió que "está en riesgo nuestra sostenibilidad", al enfrentarse a "una situación muy delicada" financieramente (...). Por lo mismo, "dado que hacemos más de 660 mil consultas al año a pacientes Fonasa, si Dávila no pudiera seguir entregando esa atención, las listas de espera de especialidad crecerían en más de un 30%".
Según el medio citado, la propuesta de pago del Minsal y la Dipres es que se abone el 40% del total a marzo de 2024 y el resto al fin del periodo del actual Gobierno, algo que Valenzuela calificó como "absolutamente insuficiente, inadecuado y abusivo", pues al ser deudas que llevan tiempo "hablar de más plazo es impresentable".
