El Presidente Gabriel Boric planteó que la colusión en el mercado de gases industriales, medicinales y especiales, que presuntamente tuvo lugar, al menos, entre noviembre de 2019 y enero de 2021, es decir, en plena época de la pandemia del Covid-19, puede representar un "grave atentado" a la salud pública.
La Fiscalía Nacional Económica denunció ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a las empresas transnacionales Indura y Linde y tres de sus ejecutivos, por acordar un "pacto de no agresión", una relación de "paz y amor" que se gestó en un café de Las Condes en los días del estallido social y que afectó en 2020 una licitación del Hospital Félix Bulnes para el suministro de oxígeno y otros gases.
"Suena una cuestión bien rara, compleja, pero para que todos sepan, (ambas compañías) aumentaron artificialmente los precios del oxígeno durante la pandemia cuando los hospitales más lo necesitaban", apuntó el Mandatario durante una actividad en la Región de O'Higgins.
"Eso indigna y no lo podemos aceptar, porque la colusión de oxígeno compromete no solamente el funcionamiento de los mercados o de algunas industrias, sino también tenemos la duda razonable de que puede haber afectado seriamente la salud pública al ser uno de los afectados el Hospital Félix Bulnes, que es uno de los más grandes de la Región Metropolitana", sostuvo.
El jefe de Estado enfatizó que el hecho de que ambas empresas hayan involucrado en su colusión el suministro al centro asistencial, "pudo haber comprometido la prestación de sus servicios en los momentos más complejos de la pandemia".
"Cuesta creer que en los momentos en donde más se necesitaba, justamente, oxígeno, tantas personas que perdieron la vida, haya gente que haya pensado que podía hacer negocios de manera ilegal a costa de ello", condenó.
Por ello, Boric instruyó a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, que "ponga los antecedentes en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado para evaluar las acciones legales, porque creemos que esto puede ser también un grave atentado a la salud pública y no lo vamos a permitir".
En la víspera, el ministro de Economía, Nicolás Grau, valoró en Cooperativa que "la calidad de la prueba es muy alta (...) muy sólida" por parte de la FNE, "y por ende vemos con alta probabilidad que termine existiendo una sanción". Y estimó que, a posteriori, "podría ocurrir que el Fisco eventualmente pida compensaciones por el hospital".
En su requerimiento, la FNE pide que el TDLC aplique multas a beneficio fiscal por un total de 37.999 Unidades Tributarias Anuales (UTA), que equivalen a 31,3 millones de dólares, unos 29 mil 841 millones de pesos: el monto se desagrega en 31,2 millones de dólares (29 mil 732 millones de pesos) como sanción a Indura, y 114 mil 392 dólares (109 millones de pesos) a su gerente general, Marcelo Torres. Para Linde solicitó su eximición por haberse acogido a la "delación compensada".
MINSAL SOLICITA PARTICIPAR EN LA INVESTIGACIÓN
El oficio enviado al CDE por la ministra de Salud solicita la intervención de este órgano para representar los intereses del fisco "en la persecución de las responsabilidades civiles y penales que en derecho correspondan, sobre los hechos acusados por la Fiscalía Nacional Económica".
Asimismo, instruye a "los hospitales mencionados en el libelo como presuntamente afectados por la colusión, poner a su disposición (del CDE) toda la información necesaria para esclarecer los hechos", además de declarar la voluntad de la cartera para colaborar en la investigación.
La autoridad sanitaria reiteró que "la conducta acusada sin duda es inadmisible, por cuanto puede poner en riesgo el acceso a la atención, y con ello, la vida y salud de las personas" en pleno combate de la pandemia.
