Personal de seguridad municipal halló numerosas cartas en un basural clandestino ubicado en Camino Los Patos, en Talca, cuyo remitente corresponde al Departamento de Gestión de la Demanda de la Subdirección Médica del Hospital Regional de dicha ciudad.
Las misivas, emitidas y certificadas en 2022, estaban dirigidas a pacientes que se encontraban en listas de espera y que no habían respondido a las llamadas telefónicas, que son la primera instancia de contacto que toma el centro asistencial.
El hecho no es la única polémica en la que está envuelto dicho hospital durante este año, puesto que la Contraloría General de la República publicó recientemente un informe que reveló graves irregularidades en la administración de las listas de espera en 2023, lo que motivó la realización de un sumario administrativo.
El director subrogante del Hospital Regional de Talca, Pablo Gacitúa, lamentó el hecho y manifestó que "sin duda que es de preocupación para nosotros el que se hayan encontrado estas cartas certificadas en un lugar que no corresponde. Son cartas que, en definitiva, nosotros debimos haber recibido de vuelta por parte de Correos de Chile".
"Para nuestro sistema, estas personas aparecen como no contactadas al no haber recibido de vuelta las cartas. Nos vamos a hacer parte, a través de nuestro departamento jurídico, en las acciones que correspondan dentro de la investigación que va a realizar Fiscalía", explicó el funcionario.
Agregó que "lo más importante (para la administración del recinto), es que queremos recuperar la información de estas personas para verificar si todavía están esperando una solución, (con el fin de) priorizarlas y dárselas cuanto antes".
Por su parte, la gobernadora de la Región del Maule, Cristina Bravo, exigió al Ministerio de Salud "hacer una investigación correspondiente y asegurar que se hacen los contactos necesarios para ubicar a la gente que tanto necesita una hora de atención".
"No puede ser que haya miles de pacientes que están esperando por una atención y que la forma de contactarlos sea a través del teléfono o a través de carta certificada. Hay que buscar herramientas para contactar de manera efectiva a todos los pacientes que requieren una atención inmediata", analizó la autoridad regional, que acusó también que es debido a esta problemática que "tanta gente se está muriendo en la región del Maule esperando una atención".
"Problema con la dignidad de la gente"
El senador Juan Luis Castro (PS), miembro de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, aseguró que la situación "no es un problema informático de que alguien digitó mal pero está todo ok, no. Aquí hay un problema con la dignidad de la gente que confía en un servicio precario, y a la gente no la terminan llamando para resolver su problema y muere esperando".
Por su parte, el diputado Tomás Lagomarsino (Comité Radical) adelantó la conformación de una comisión investigadora, "producto de que esas personas fueron eliminadas administrativamente de las listas de espera, siendo que nunca les llegó la notificación de una citación".
"Es por ello que, una vez constituida la comisión investigadora de listas de espera, citaremos a las autoridades del hospital para que expliquen estos hallazgos, que nos vuelven a sorprender", aseveró.
Mientras que la diputada Helia Molina (PPD) señaló que la situación le parece "de la más alta gravedad, lo condeno completamente y como presidenta de la Comisión de Salud, diputada y médico, voy a estar ahí viendo, fiscalizando y pidiendo las explicaciones correspondientes a la autoridad".
Finalmente, su par Andrés Celis (RN) advirtió que "aquí tienen que haber responsabilidades políticas y esta recae en el subsecretario de Red Asistencial, que olímpicamente dice que quien debe responder es el director del hospital y después el director del Servicio".
"No subsecretario, usted es el responsable y nosotros interpondremos todas las acciones penales administrativas e incluso ingresamos la comisión investigadora", anunció el parlamentario.
Todas las cartas encontradas tenían como límite tres meses de respuesta, pero fueron encontradas a dos años de su emisión, por lo que nunca fueron entregadas a los respectivos pacientes.
Las misivas actualmente se encuentran en manos del Ministerio Público, que deberá determinar las medidas a seguir.
