"Nosotros no hemos pensado presentar iniciativas", dijo la ministra Ximena Aguilera tras la molestia de los afiliados por los bajos montos de las devoluciones.
Defendió que la normativa "fue lo que se logró acordar para mantener la estabilidad del sistema" y que "es un logro" que éste no quebrara.
La ministra de Salud, Ximena Aguilera, dijo este miércoles que los objetivos de la ley corta de isapres se cumplieron y el Gobierno no tiene contemplado proponer una modificación, sin perjuicio de lo que plantee el Congreso.
Esto, en medio de las rescriminaciones cruzadas entre el Ejecutivo y Legislativo por los cuestionados planes de pago a los afiliados, que debieron en exceso por sus planes entre entre 2020 y 2024.
El caso volvió a la primera plana luego de que las aseguradoras primadas de salud confirmaran el pago de los cobros excesivos en hasta 156 meses, con episodios absurdos en los que algunos usuarios recibirán, por ejemplo, 1.000 pesos mensuales durante 13 años.
"Nosotros no hemos pensado presentar iniciativas, pero vamos a estudiar lo que planteen los parlamentarios", señaló Aguilera en una actividad para la prevención del VIH en la Casa Central de la Universidad de Chile.
La secretaria de Estado indicó que la ley corta "fue resultado de una discusión que fue compleja y fue lo que se logró acordar para mantener la estabilidad del sistema".
"Para nosotros, el haber logrado que no se haya intervenido ninguna isapre y que no haya quebrado ninguna clínica, que no haya quebrado ninguna isapre, es un logro", añadió la titular de Salud, sobre todo porque "la situación financiera de las isapres sigue siendo deficitaria durante todo este año".
Aguilera complementó que "también se ha logrado dar cumplimiento a la sentencia de la Corte, en el sentido de calcular lo que se le debe a todas las personas, y que a todas se les devuelva lo que se les cobró en exceso".
La Ley Corta fue presentada de forma responsable para dar cumplimiento a sentencia de la Corte Suprema y garantizar continuidad de las atenciones. Hemos ido cumpliendo compromisos y a pesar de la condición financiera de isapres, hemos logrado mantener la estabilidad del sistema pic.twitter.com/z9nwatAbhd
— Ximena Aguilera (@ximenaguilera) December 4, 2024
El superintendente de Salud, Víctor Torres, comparece esta tarde ante la Comisión de Salud del Senado con el fin de explicar el cómo y en qué condiciones fueron aprobados los planes de ajuste y pago.
En la instancia, sostuvo que en una primera etapa se ordenó a las isapres modificar los primeros planes de devolución porque contemplaban un aumento demasiado alto en el valor de los planes, hasta que llegó la segunda etapa del proceso.
"En esa segunda etapa nosotros podíamos o aprobar o rechazar los planes de pago. Y, previo pronunciamiento del mismo Consejo Consultivo que, ya en esta segunda etapa, finalmente nos sugiere que se aprueben los planes de pago porque técnicamente cumplían con lo que estaba establecido en la ley", explicó el superintendente.
"Nosotros no es que hayamos autorizado, y lo quiero recalcar, el pago individual. Ni el Consejo Consultivo ni la Superintendencia podía decir 'autorizamos el pago de tal persona en tal monto', sino que era la propuesta o la planificación estratégica, y la isapre plantea para dar cumplimiento a lo que la misma ley establece", agregó Torres.
En tanto, siguen generando molestia -incluso en parlamentarios oficialistas- las primeras declaraciones de la ministra vocera, Camila Vallejo, que de alguna manera endosó la responsabilidad en el Congreso cuando señaló que el proyecto de ley corta salió de una manera distinta a como la propuso el Ejecutivo.
"A mí me parece que lo primero que debe hacer la ministra es partir despejando toda la duda que sembró el propio Gobierno respecto a que la responsabilidad de aceptar los planes que se le ofreció a cada cotizante era de los parlamentarios", señaló el diputado Jaime Araya (Ind-PPD).
En esta línea, el parlamentario también se cuestionó: "¿Quién tomó la decisión de aceptar estos planes ridículos de pagos de 300, 500 o 600 pesos? Fue el propio Gobierno a través del superintendente", dijo.
Por su parte, el diputado Eric Aedo (DC) acusó que "a portas de elecciones el próximo año, salvar la responsabilidad endosándole solo a un actor, en este caso cuando acá se aprobó esa ley, la verdad que me parece bastante injusto".
En tanto, el senador socialista Juan Luis Castro arremetió contra el superintendente, argumentando que "la pega que a ellos se les asignó establece que cada plan de devolución, de cada afiliado, de cada isapre, por tramo de edad, tenía que ser visado por la Superintendencia. Eso es lo que dice la ley, por eso yo reitero que aquí se requiere una explicación y una solución".
"El Consejo Consultivo y la Superintendencia estvuieron revisando por seis meses, a petición de ellos, todos los planes de devolución, entonces si alguien no lo hizo, que explique por qué", insistió.
Respecto a las palabras de la ministra, el diputado Andrés Giordano (FA) indicó que "lo que cabe preguntarse es si efectivamente el resultado de la reforma fue solo salvar el sistema íntegro de salud, o si efectivamente se le generaron condiciones excesivamente flexibles a la industria para saldar una deuda que deriva finalmente de un abuso hacia los afiliados y afiliadas".
"Más allá de que el Ejecutivo haya anunciado que no tiene ninguna iniciativa pensada en términos legislativos, el Frente Amplio ya presentó un proyecto", anticipó el parlamentario.
En contraste, el senador UDI Sergio Gahona coincidió en que "no se necesita ley para poder adelantar y hacer menos humillante estas devoluciones, que yo las entiendo desde la perspectiva financiera y de los flujos, y de cómo quedó construida la ley, que era la fórmula y el mecanismo para poder resolver el tema de las insolvencias, la caída del sistema, que arrastraba además al sector privado de clínicas y una presión insostenible sobre el sistema público, con todas las dificultades que eso significaba para el seguro estatal de Fonasa".
Ya son varios proyectos presentados, entre ellos se destaca uno para reducir a solo cinco años el plazo máximo de devolución y otra para establecer que el monto mensual mínimo a devolver sea de una unidad de fomento.
