Un nuevo informe de la Contraloría General de la República (CGR) determinó que 3.532 servidores públicos presentaron licencias médicas emitidas por alguno de los 44 médicos investigados por la Fiscalía, justamente por la entrega o venta fraudulenta de tales permisos.
El documento publicado este lunes detalla los resultados de un análisis realizado a partir de un listado que develó el Ministerio Público, el que contiene 10.111 licencias médicas entre 2020 y 2022 por los mentados facultativos.
"Al cruzar esta información con el Sistema de Información y Control de Personal de la Administración del Estado (Siaper) y otras bases institucionales, la CGR detectó que de las 6.632 personas receptoras, los 3.532 funcionarios ya mencionados se encontraban en ejercicio a junio de 2025", indica el comunicado del ente contralor.
Frente estas irregularidades, la CGR anunció que "notificará a los organismos públicos que actualmente cuentan con funcionarios en ejercicio, con el objetivo de iniciar los sumarios respectivos, toda vez que como en estos casos existe una investigación penal en curso, la responsabilidad administrativa de los mismos no habría prescrito".
El mismo escrito establece que todos los médicos investigados son de nacionalidad extranjera, y que 10 de ellos ejercieron como funcionarios públicos entre 2019 y 2024, mientras que cinco no habían aprobado el Examen Único Nacional de Competencias Médicas (Eunacom).
Sobre esto último, el ente contralor añade que "los servicios públicos que hayan contratado a médicos extranjeros deberán acreditar los motivos por los cuales dichos profesionales no contaban con su Eunacom".
Ministra Aguilera resalta "proactividad" del Gobierno
En paralelo, el Ministerio de Salud emitió un comunicado abordando el avance de las acciones que el Gobierno ha tomado por el caso penal contra estos 44 médicos, el cual más tarde fue resumido por la titular de esa cartera, Ximena Aguilera.
"Cuando tomamos conocimiento de esta red fraudulenta de licencias médicas, yo misma instruí a que se buscara qué funcionarios de salud habían requerido sus licencias médicas. Vimos en la Compin a este mismo grupo de personas, y detectamos más de mil funcionarios que fueron sometidos a sumarios", apuntó.
La autoridad sanitaria recalcó: "En el comunicado, estamos dando cuenta de cuál es el estado de los sumarios: algunas personas ya han sido destituidas -pocas todavía-, pero los sumarios están encausados desde agosto de 2024. Por lo tanto, hemos sido bastante proactivos, en la medida que hemos ido conociendo de estas situaciones".
Contralora expuso ante la comisión investigadora
Por otro lado, la contralora general de la República, Dorothy Pérez, fue la primera invitada en exponer frente a la recién creada comisión especial investigadora de la Cámara Baja por el uso fraudulento de licencias.
Durante la sesión de hoy, la autoridad hizo un recuento de los diferentes Consolidados de Información Circularizada (CIC) en la materia, incluido el que se reveló en esta jornada, y adelantó que se están analizando otros comportamientos que puedan dilucidar viajes dentro del país estando con licencia.
Respecto de los sumarios, detalló que hasta ahora, 438 instituciones han informado la apertura de estos procesos en relación con salidas al extranjero, y aún falta que lo hagan otras 359 reparticiones.
La contralora también se refirió al informe de funcionarios que tienen previsión en Dipreca o Capredena (funcionarios de las Fuerzas Armadas y del Orden). En esa línea, sostuvo que la revisión está en progreso y que toma tiempo, y adelantó que en aproximadamente dos meses podría estar finalizado el respectivo consolidado de información circularizada.
Pérez también hizo notar el caso puntual de la Gendarmería, observando que el ente contralor recibió la información incompleta, ya que había nombres tachados en esa lista.
La contralora apuntó también a que están revisando infracciones a la ley de tránsito que hayan sido impartidas a un funcionario público estando fuera de la Región donde vive mientras estaba con licencia médica.
En la previa de la exposición de la contralora, el presidente de la comisión, Hernán Palma (ind), anticipó que "vamos a sesionar hasta el 29 de agosto, y vamos a tener a distintas personas convocadas".
"En los próximos días nos vamos a dedicar a estructurar la tabla con las prioridades correspondientes", aunque relevó que "por supuesto" estas incluyen a "la Compin, Suseso, y algunas instituciones que se vieron puestas en jaque, como la Junji o Integra, e incluso el Ministerio de Salud y otras carteras, que también están cuestionadas por el mal uso de licencias médicas".
