La controversia por los funcionarios públicos que viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica ha escalado hasta el Congreso Nacional, donde ambas cámaras han anunciado medidas, a pesar de no ser auditadas por la Contraloría General de la República (CGR).
En el Senado, ya se abrieron los primeros sumarios, lo que ha generado un debate sobre las atribuciones del Parlamento y el riesgo de posibles indemnizaciones millonarias.
Catorce funcionarios están bajo la lupa en la Cámara Alta por un total de 20 licencias médicas que les habrían permitido salir del país. Estos incluyen personal de planta, a contrata y asesores parlamentarios y la mesa directiva ha designado a 12 fiscales para llevar a cabo estas indagatorias.
En tanto, en la Cámara de Diputadas y Diputados también se ha iniciado un proceso, aunque aún no se han anunciado sumarios específicos, se esperan novedades para hoy.
El presidente de la Corporación, el diputado José Miguel Castro (Renovación Nacional), ha manifestado la intención de unificar criterios y formas de trabajo con el Senado. "La idea es aunar criterios y formas de trabajo para que todos los resultados puedan, ojalá, salir en las mismas fechas y demos una respuesta como Congreso Nacional", incluyendo la Biblioteca Nacional y otras entidades que reciben fondos parlamentarios, explicó.
Trabajadores: Las investigaciones tienen que venir de la mano con atribuciones reales
Sin embargo, estas medidas han suscitado críticas por parte de la Asociación de Funcionarios y Trabajadores Parlamentarios, que ha argumentado que las cámaras del Congreso carecen de las atribuciones legales para llevar a cabo este tipo de investigaciones.
Además, han solicitado que se regularice la situación laboral de muchos funcionarios y asesores que, según denuncian, trabajan en un "limbo" de precariedad.
En una vocería, el presidente de la asociación, Bastián Espinoza, afirmó que están de acuerdo con que se investigue "caiga quien caiga", pero enfatizó que esto debe hacerse "bien y con las normas claras" para evitar un eventual perjuicio fiscal derivado del pago de indemnizaciones.
El dirigente cuestionó específicamente las atribuciones de fiscalización del Senado, advirtiendo que un despido incorrecto podría generar costos significativos para el erario público.
"Las investigaciones que se anuncian tienen que venir de la mano con atribuciones reales. En el caso del Senado yo me pregunto dónde están las atribuciones de fiscalización del Senado. Nosotros queremos que se investigue y para que se investigue tienen que haber atribuciones legales", dijo Espinoza.
"Por supuesto, aquí no hay funcionarios ni de primera ni de segunda ni grupos privilegiados, pero hagámoslo con atribuciones, ¿saben por qué? Porque el día de mañana, y tal como ha pasado especialmente en el Senado, esto puede significar un costo para el fisco, porque se tienen que pagar indemnizaciones por despedir mal", alertó.
Cumbre institucional
En paralelo, la Fiscalía Nacional convocó a una "megacumbre institucional" con diversas entidades del sector salud, tanto públicas como privadas, que se llevará a cabo la tarde de este miércoles.
El objetivo de esta reunión, según publicó Emol, es establecer una instancia de colaboración que permita agilizar las investigaciones penales relacionadas con las licencias médicas, tanto las actuales como futuras.
Entre los invitados a esta reunión se encuentran el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Seguridad Social, el Consejo de Defensa del Estado, el Colegio Médico, la Compin, Fonasa, la Asociación de Isapres y empresas que facilitan la emisión electrónica de licencias médicas, como Imed y Medipass.
