El Gobierno estimó este jueves un descenso del 15% en el número de licencias médicas solicitadas durante el último mes, luego de que en mayo se destapara el uso fraudulento de permisos por parte de 25.000 funcionarios del Estado.
"Se nota una baja importante en el uso de licencias para el conjunto del sistema", pese a que "hay todavía un espacio importante que normalizar, racionalizar y controlar", declaró el ministro de Hacienda, Mario Marcel.
El secretario de Estado adelantó que este viernes se presentará un informe referido a los cerca de 8.000 casos que afectan específicamente a la administración central del Estado, con antecedentes recopilados durante las últimas semanas.
En esa línea, Marcel puntualizó que las medidas que se están tomando a nivel central no eximen a los alcaldes de las municipalidades a hacer sus propios controles: "Aquí todos tienen una responsabilidad que asumir", concluyó.
Según Jaime Mañalich, exministro de Salud de los gobiernos de Piñera, desde que salió el primer informe de la Contraloría, ha bajado en un 30% el gasto público en licencias aunque, en entrevista con Radio Duna, no detalló la fuente de ese dato.
Consultado al respecto, el jefe de la billetera fiscal apuntó que, si bien la Superintendencia de Seguridad Social ve una reducción del 15% en el número de licencias solicitadas, "otra cosa es el gasto mismo".
"El exministro Mañalich probablemente hace algún cálculo respecto de lo que eso podría implicar, en términos de pago de suplencias y reemplazos, cosas de ese tipo, que por supuesto, todavía es un poco temprano para evaluar, pero sí se nota una baja importante en el uso de licencias", reiteró Marcel.
El escándalo de las licencias médicas estalló el pasado 20 de mayo, cuando la Contraloría General de la República -organismo fiscalizador de las instituciones públicas- denunció que un total de 25.078 funcionarios públicos se tomaron 35.585 licencias médicas entre 2023 y 2024, lo que corresponde a más de una incapacidad por funcionario.
La mayoría de los viajes se concentraron principalmente entre septiembre y diciembre, coincidiendo con la llegada de la primavera y el verano.
A la fecha, la investigación por uso fraudulento de bajas se ha extendido a los cuerpos policiales y a las Fuerzas Armadas, en tanto la Fiscalía abrió expedientes penales contra los funcionarios involucrados por posibles delitos de fraude al fisco y, en el caso de los médicos, por la eventual emisión de permisos médicos falsos.
Optimismo moderado entre diputados
Desde la Comisión de Salud de la Cámara Baja, el diputado Daniel Lilayu (UDI) valoró que "gracias a la tenaz y efectiva investigación de la Contraloría, se produce un efecto positivo, mediante una baja en la emisión de licencias médicas, posiblemente, por una sensación de miedo, tanto del médico emisor, como de la persona que quiere acceder a una licencia fraudulenta".
Dicho esto, "es importante señalar que las licencias son un derecho, y parte del tratamiento médico cuando su uso es correcto, y tiene un diagnóstico veraz por parte del profesional".
En la misma línea, la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista) complementó que "la primera mirada podría dar la impresión de que se dejan de emitir licencias falsas y, por lo tanto, vemos esta baja, pero creo que eso sería un análisis apresurado".
"Hay que ver si esto no está reflejando un desincentivo hacia la emisión de licencias que sean correctas, por el temor a la fiscalización o persecución", planteó la oficialista.