La gremial pide "cuidar la presunción de inocencia" y enfocarse en el combate al ausentismo laboral como raíz del problema.
El uso fraudulento de licencias médicas en el sector público mantiene alarmas encendidas, en particular luego de que un informe consolidado de la Contraloría cifrara en 388 mil millones de pesos el gasto municipal en estos permisos durante el año pasado.
Así, ahora la discusión se centra entre propuestas para evitar el abuso de este derecho laboral, generando un contrapunto entre las medidas impulsadas y la perspectiva de los gremios de funcionarios; y la mirada puesta en la diferencia que existe con los trabajadores privados.
Actualmente, los trabajadores del Estado no sufren descuentos en sus remuneraciones al usar una licencia, recibiendo su sueldo íntegro. El reembolso es coordinado por el empleador con Fonasa, la isapre o la caja de compensación, según corresponda. Esta particularidad es vista como un posible incentivo al abuso, por lo que una de las propuestas gubernamentales busca modificar este mecanismo para desincentivar su uso indebido, nivelando las exigencias con el sector privado.
Otra iniciativa gubernamental apunta a incorporar en el Estatuto Administrativo el uso fraudulento de licencias médicas como causal de despido, sin necesidad de un sumario. Esta medida, que sería parte de una reforma al subsidio de incapacidad laboral, busca endurecer las consecuencias para quienes abusen del sistema.
Además, el Gobierno espera tener esta semana un balance consolidado sobre el avance de más de 6.000 sumarios administrativos ordenados por viajes al extranjero de funcionarios con licencia.
Frente a estas propuestas, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), a través de su presidente, José Pérez, manifesta una postura divergente; porque si bien reconoce la necesidad de abordar el problema, enfatiza la importancia de "cuidar la presunción de inocencia" y enfocarse en el combate al ausentismo laboral como raíz del problema. En esa línea, la gremial apunta a, en lugar de simplemente recortar o endurecer, "modernizar" el sistema y abordar el ausentismo "con diálogo social con el sindicato".
La ANEF considera que el ausentismo es "un tema más de fondo y estructural" que no se soluciona únicamente con medidas punitivas o nivelaciones que podrían afectar derechos. Su propuesta se inclina por observar y formar mesas de trabajo con el gobierno para tratar el ausentismo de manera integral, en vez de enfocarse primordialmente en el "no pago del subsidio" o en la facilitación de despidos.
En tanto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, confirmó que está por cumplirse el plazo de 30 días para que los servicios públicos informen sobre el avance de los sumarios, considerados de rápida resolución, porque sólo debían aclarar la causal de la licencia, los viajes realizados en el mismo período y los motivos de estos periplos.
