El Ministerio de Hacienda entregó este martes un primer balance de los sumarios ordenados en las instituciones del Gobierno Central por el caso de los funciorarios que realizaron viajes al extranjero mientras se encontraban con licencia médica.
El ministro Mario Marcel informó que, de las cerca de 36 mil licencias médicas cuestionadas correspondientes a 25 mil funcionarios, cerca de un tercio corresponde al Gobierno Central.
"De 35 mil casos se pasa a 25 mil funcionarios, porque puede haber más de un caso por funcionario. De esos 25 mil, más o menos 8.000 corresponden al Gobierno Central", repartidos en un total de 131 instituciones, incluidos los ministerios, explicó Marcel.
"El resto corresponde, fundamentalmente, a las municipalidades. Nosotros (en este balance) reportamos respecto del Gobierno Central, y de esos cerca de 8.000 (funcionarios), hay 6.600 a los cuales ya se les ha iniciado sumario en respuesta al informe de la Contraloría y a las instrucciones que se dieron desde el Ministerio de Interior y desde el Ministerio de Hacienda", detalló Marcel.
La diferencia entre la cifra de 6.000 sumarios versus los 8.000 funcionarios se explica debido a que hay 1.102 funcionarios detectados por la Contraloría que actualmente ya no trabajan en el Gobierno Central.
El ministro indicó que las sanciones para estos sumarios administrativos van desde el rechazo de la licencia y devolución de los fondos hasta la destitución del cargo. Algunos casos, también, podrían ser sobreseídos.
También afirmó que los procesos deberían ser breves, ya que son solo tres las preguntas que se deben responder en los sumarios: la causal de la licencia, cuáles fueron los viajes y los motivos de estos desplazamientos al extranjero.
La réplica tampoco requiere testigos, ya que es un sumario administrativo y no una investigación sumaria.
Las investigaciones en el Parlamento y Poder Judicial
Pero la respuesta no se limita al gobierno central. Instituciones que no son fiscalizadas directamente por la Contraloría han anunciado sus propias investigaciones internas. Es el caso del Poder Judicial, el Ministerio Público y ambas cámaras del Congreso Nacional (Diputados y Senadores).
Desde la Cámara de Diputados, el diputado Eric Aedo (DC) afirmó que "esta es una situación compleja", dado que "la fe pública está dañada gravemente".
Debido a esto, indicó que no solo en los servicios públicos y Fuerzas Armadas deben ser investigados, sino que también "los funcionarios que trabajan con parlamentarios, incluso los funcionarios del propio Parlamento de planta o a contrata".
Mientras que en el Cámara Alta, su presidente, Manuel José Ossandón (RN), anunció el envío de un oficio a la PDI con "el listado de licencias médicas de los funcionarios del Senado" de los últimos dos años para que se realicen los cruces correspondientes.
Una acción similar solicitó al director de la Biblioteca del Congreso.
En cuanto al Poder Judicial, la Corte Suprema ordenó una investigación interna. El presidente de la organización de trabajadores judiciales, Marcelo Acevedo, valoró la medida y enfatizó la necesidad de que la indagatoria abarque "a todos los estamentos de la Suprema hacia abajo", incluyendo "desde el presidente de la Corte Suprema hacia el escalafón más bajo", para evitar que la investigación se centre solo en los funcionarios de menor rango.
Renuncia hermana de Monsalve
Dentro de este contexto, durante esta jornada renunció a su cargo en la Superintendencia de Salud Carmen Monsalve Benavides, hermana del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve.
Carmen Monsalve ejercía como intendenta de prestadores de salud, y trascendió que su nombre está dentro de la nómina de funcionarios públicos que, estando con licencia médica, viajaron al extranjero.
