José Cortés, asesor jurídico de la Dirección de Patrimonio Cultural, reconoció este lunes, ante la comisión investigadora por la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende, que advirtió por escrito del conflicto de interés, en una minuta enviada a la jefatura de esa repartición.
Hasta hoy, estaba establecido que no hubo un aviso formal al Gobierno respecto de lo inoportuno de la transacción, atendido que la entonces ministra Maya Fernández y la destituida senadora Isabel Allende figuraban como copropietarias del inmueble.
Aquel antecedente, que finalmente les costó el cargo a ambas, sólo fue planteado verbalmente por Macarena Diez, exjefa jurídica de Bienes Nacionales, al equipo de Presidencia.
No obstante, Cortés explicó en la sesión de hoy que antes de dar inicio a esta operación, durante una reunión con el representante de la familia Allende, Felipe Vio, el abogado "me trasparenta la situación de la presencia, en la comunidad hereditaria, de dos autoridades".
"La respuesta mía fue: 'Eso es materia de análisis, que tiene que ser posterior, pero primero, entréguenos todos los antecedentes del inmueble', e informamos (al respecto) vía minuta", detalló el asesor jurídico.
Posteriormente, la directora del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, Nélida Pozo, puntualizó ante los diputados que "en la minuta salía textual que en la comunidad hereditaria había dos autoridades de la República, para efectos jurídicos y comunicacionales".
¿Bienes Nacionales recibió la minuta?
Sin embargo, no está claro si este documento aterrizó en Bienes Nacionales: de hecho, al ser consultado por la comisión, el jefe de División de esa cartera, Pablo Maino, aseguró que "no se me hizo saber de ningún tipo de advertencia, ni se nos informó o se nos entregó alguna minuta".
"Tampoco se nos hizo llegar posteriormente dentro de los antecedentes que el Servicio nos envió formalmente. Por lo tanto, yo no tenía conocimiento de esa minuta hasta el día de hoy", aseveró el funcionario.
Con el objeto de esclarecer en qué escalón del nivel central se mantuvo esta preocupación, la instancia parlamentaria solicitó al Servicio de Patrimonio Cultural una copia de la minuta.
El conocimiento o falta del mismo desde el Ejecutivo sobre las implicancias de esta transacción incluso llevó a la exsenadora Allende a acusar, en su discurso de despedida desde la Cámara Alta, que nadie le advirtió al respecto, aunque el abogado de la familia aparentemente sí lo sacó a colación antes del escándalo.
