La contralora general de la República, Dorothy Pérez, compareció este lunes ante la comisión investigadora del caso de la fallida compraventa de la casa del fallecido Presidente Salvador Allende (1970-1973) en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde descartó que el acto administrativo del decreto que autoriza la compra contravenga disposiciones legales o constitucionales.
Explicó que dicho decreto es solo una autorización para una futura adquisición y que no se había formalizado ningún contrato al momento de su ingreso.
Por lo mismo, no le corresponde a la Contraloría pronunciarse sobre alguna situación hipotética posterior, dijo Pérez.
Así lo expuso la contralora: "El proceso para adquirir un bien raíz en general o específicamente tratándose de la casa del expresidente señor Salvador Allende implica siempre dos actos administrativos que son dictados en tiempos distintos. El primer acto administrativo consiste en un decreto que autoriza la adquisición. Este es el decreto 38 de 2024. El segundo es un decreto posterior que aprueba una escritura pública de compraventa que se suscriba. Este segundo decreto no consta que se hubiera dictado. Luego, el decreto 38 de 2024, concluye la Contraloría, en sí mismo, individualmente considerado, no contraviene ninguna disposición ni legal ni constitucional. Se trata de una mera autorización para una futura adquisición".
La sesión ha estado marcada por la falta de algunos asistentes, como el recientemente renunciado asesor del Presidente Gabriel Boric Leonardo Moreno, la senadora socialista e hija del fallecido Jefe de Estado, Isabel Allende, y la ex ministra de Defensa y nieta del otrora Mandatario, Maya Fernández, lo que ha generado malestar entre los diputados de derecha.
Esto fue duramente criticado por el diputado Andrés Longton (RN), presidente de la Comisión Investigadora, quien afirmó que "parece ser una práctica habitual el renunciar para no enfrentar a la comisión. Eso da la apariencia de que hay mucho que ocultar. Él prácticamente fue el autor material de esto habiendo tenido todas las advertencias desde el Ministerio de Bienes Nacionales y el Ministerio de las Culturas".
Y arremetió directamente contra el Mandatario: "Pareciera ser que hay algo más porque él trabajaba en Presidencia, era parte del segundo piso y todos sabemos que esta (compraventa) era una obsesión del Presidente de la República".
Contra la acusación constitucional
Durante esta jornada se revisa la acusación constitucional contra Fernández, cuyos plazos están en curso para su respuesta. Se espera que ya entregada la respuesta de la exministra, mañana martes la cimisión revisora emita su inbforme de manera que el miércoles sea votada la acción en la sala de la Cámara Baja.
Y tras la exposición de la contralora Pérez, el diputado socialista Raúl Leiva afirmó que "creo que es bueno que los colegas entiendan y desarrollen bien un proceso que dice relación con la celebración o perfeccionamiento de un contrato, que la propia contralora plantea que no se perfeccionó, por consiguiente no existe un vicio constitucional o un reproche constitucional y por ende no procede la acusación constitucional".
