"Si tenemos espacio probatorio, vamos a tener que llevar estos antecedentes al TC", dijo el diputado RN sobre una eventual destitución de la senadora Isabel Allende (PS).
"Cuando se tramita una cosa como esta, me imagino que usted no se lo deja al pasante", apuntó.
En entrevista con El Diario de Cooperativa, el diputado Diego Schalper, de Renovación Nacional (RN), dijo que Chile Vamos acudirá al Tribunal Constitucional (TC) para pedir la destitución de la senadora Isabel Allende (Partido Socialista) siempre y cuando exista "espacio probatorio".
Esto, con motivo de la fallida compra de la residencia del fallecido Presidente Salvador Allende (1970-1973), padre de la congresista, por parte de Bienes Nacionales.
Mientras que la bancada de diputados del Partido Republicano ya anunció que ingresarán un requerimiento en el TC para intentar sacar de su cargo a Allende - copropietaria del inmueble junto con su sobrina y ministra de Defensa, Maya Fernández-, Schalper aclaró la postura de Chile Vamos, que dejó en vilo su adhesión a la ofensiva.
"Cuando usted hace una presentación al TC en un tema como este, usted lleva adelante un procedimiento que involucra un espacio probatorio. Por lo tanto, usted tiene que contar con los antecedentes necesarios para acreditar las afirmaciones que usted hace. Eso, hoy día, requiere cierto nivel de antecedentes y, por lo tanto, nosotros hemos planteado la necesidad de una comisión investigadora y hacer uso del artículo 52 (de la Constitución), que es un oficio especial que uno hace con votación de la Sala para requerir información, cosa de contar con todos los antecedentes", dijo el diputado.
El exsecretario general de RN afirmó que, "a pesar de lo que a uno le gustaría -porque a uno no le gusta estar en este tipo de situaciones, yo lo digo bien sinceramente-, acá se ha configurado algo que, a todas las luces, pareciera ser una infracción constitucional".
"Cuando la Constitución dice que se prohíbe la celebración de contratos con el Estado y se celebra un contrato con el Estado, lamentablemente se viola la Constitución. Por lo tanto, a la luz de los antecedentes que podamos recabar, y si tenemos espacio probatorio, a mí me parece que cualquier persona que está en posición de tener que fiscalizar, vamos a tener que llevar estos antecedentes al TC para que sea el TC que resuelva", advirtió el parlamentario.
Consultado por el simbolismo de destituir a la hija de Salvador Allende de su cargo, Schalper admitió que lo tiene "clarísimo", pero indicó que "el Gobierno debió haberlo advertido".
"En cualquier Gobierno, y más aún en este Gobierno, cuando se tramita una cosa como esta, me imagino que usted no se lo deja al pasante que está empezando sus artes en el mundo jurídico. Me imagino que un contrato como este, usted se da cuenta de la repercusión que tiene, y, por lo tanto, pone a cargo de ese contrato a los abogados de más alto nivel que usted tenga", cuestionó el diputado.
En esa línea, planteó que "en el Gobierno están con algún déficit en materia jurídica, porque ya llevamos varias situaciones complejas. No mencionemos Dominga, no mencionemos las pensiones de gracia, para qué mencionar el uso abusivo de la Ley de Seguridad Interior del Estado en materia inteligencia", apuntó.
Pese a que desde el Gobierno insisten que la transacción de la casa del expresidente Allende nunca se concretó, el artículo 60 de la Constitución establece, entre otras cosas, que "cesará en el cargo el diputado o senador que celebrare o causionare contratos con el Estado".
Dicha sentencia favorece la interpretación de expertos que apuntan que, aunque la transacción no se realizó, la norma aplica desde el momento en que se firma el contrato de compraventa ante una notaría, lo que puede costarle el cargo a la senadora Allende.
Así lo considera la abogada y expresidenta del Tribunal Constitucional Marisol Peña: "A mi juicio sí (se puede destituir a Allende), y lo he dicho en más de una oportunidad. No hay por dónde excusar la aplicación de una norma tan perentoria".
"Ahora bien, (la decisión) va a depender mucho del criterio con el cual los actuales ministros del Tribunal Constitucional aprecien esto", añadió.
Una opinión diferente manifestó el exintegrante del TC Jorge Correa Sutil, apuntó a que se puede dar un debate sobre si va a primar la interpretación literal de la norma o el fondo de su propósito, el cual -afirmó- no se vería vulnerado y, por lo tanto, se estaría cesando del cargo a una senadora sin favorecer ningún valor o principio constitucional.
"Si se pide al Tribunal Constitucional que cese la senadora, me parece que la discusión que se va a producir es una entre la letra o lo literal del Artículo 60, que señala que cesa en el cargo el senador, y su sentido o finalidad, que es proteger al estado de actos de corrupción o actos indebidos de negociación incompatible, que en este caso me parece no ocurren. Creo que ese va a ser el debate", analizó el abogado.
En su opinión, "la primera posición conduce a la cesación en el cargo, la segunda no porque no hay un acto de corrupción, a menos que la propiedad haya sido comprada en un precio muy superior al valor de mercado".
La opción de sanciones a la ministra Fernández es más complejo, dado que el Artículo 37 bis de la constitución establece la misma prohibición de celebrar contratos con el estado a los ministros, sin embargo, no establece sanciones explícitamente como lo hace en el caso de los parlamentarios.
El caso de la titular de Defensa es, además, uno sin precedentes y el Tribunal Constitucional no tendría facultades para sancionarla al no estar explicitado en la norma.
