Un informe de la Asociación Nacional de Municipalidades de Chile (Amuch) reveló avances en canales de denuncia y protocolos internos, pero también brechas en comunas rurales y con menor desarrollo.
El estudio sistematiza información de 271 comunas, lo que equivale al 78,6% del total de municipios del país.
A menos de un año de la entrada en vigencia de la Ley Karin, la Asociación Nacional de Municipalidades de Chile (Amuch) dio a conocer un estudio que revela el impacto que ha tenido su implementación en los gobiernos locales.
Según el informe, el 77% de los municipios del país ha recibido denuncias por acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo, lo que ha derivado en la apertura de investigaciones formales en 7 de cada 10 municipalidades.
El estudio, titulado "Caracterización de la Implementación de la Ley Karin en las Municipalidades de Chile", sistematiza información de 271 comunas, lo que equivale al 78,6% del total de municipios del país.
De ellos, el 87% ya ha habilitado un canal formal de denuncias, el 88,6% cuenta con un protocolo municipal de prevención y el 69% dispone de un manual para investigar y sancionar estos hechos.
El presidente de Amuch, José Manuel Palacios, destacó los avances reflejados en el informe. "Este trabajo muestra no solo la operatividad de los canales de denuncia y protocolos internos, sino también un cambio institucional. Hoy las municipalidades están desarrollando capacitaciones, decálogos de buen trato y programas de mejoramiento de gestión para cumplir con lo que exige la ley", señaló.
No obstante, el estudio también advierte brechas importantes en comunas rurales o con menor desarrollo. Según Amuch, en estos territorios persisten dificultades para implementar completamente los instrumentos exigidos y promover una cultura organizacional libre de violencia.
"La prevención de la violencia y el acoso en el trabajo deben ser una política de Estado a nivel local, sin excepciones ni zonas grises", enfatizó Palacios.
La Ley Karin, promulgada en 2024, obliga tanto al sector público como privado a establecer mecanismos de prevención, denuncia y sanción frente al acoso y la violencia en los espacios laborales. Su implementación ha puesto a prueba la capacidad de los municipios para adaptarse a nuevas exigencias en materia de convivencia laboral y gestión de personas.
