La Dirección del Trabajo recibió más de 9 mil denuncias en tan solo cuatro meses tras la implementación de la ley.
El presidente de ANEF, José Pérez Debelli, también hizo un llamado a trabajar en mejorar la implementación de la ley.
Del total de denuncias, 3.804 todavía se encuentran en proceso de fiscalización activo.
La vicepresidenta de la Mujer e Igualdad de Género de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Karen Palma, pidió al Gobierno a "poner hincapié" en erradicar la violencia del país, con respecto a la implementación de la Ley Karin (Ley 21.643).
"No podemos seguir construyendo leyes sin Presupuesto. Hoy día la Dirección del Trabajo no está dando abasto frente a la cantidad de denuncias y es necesario que se ponga un hincapié si queremos erradicar la violencia del laboral de nuestro país, esto requiere de recursos y de instituciones que puedan fiscalizar este tipo de problemáticas del mundo del trabajo", sostuvo.
El presidente de ANEF, José Pérez Debelli, también hizo un llamado a trabajar en mejorar la implementación de la ley para los trabajadores y para quienes la hacen valer y señaló que "en situaciones donde no se resuelven los procedimientos administrativos, no se resuelven por parte de las autoridades de turno que tienen designación política, de cerrar los capítulos de estas materias".
"Es la autoridad política responsable del Ministerio en servicio de no eternizar estos procesos, porque no hay que naturalizar la violencia, el acoso, el maltrato laboral y homosexual en nuestro centro público y tampoco en el privado", indicó Debelli.
La Comisión de la Cámara Baja de Mujeres y Equidad de Género tuvo una sesión con el director nacional de Servicio Civil, Felipe Melo, en la que examinaron las cifras de querellas para ver las debilidades y fortalezas de la ley.
Melo aclaró que "el trabajo del ente es seguir y verificar el cumplimiento de las demandas, pues la ley no les entrega una nueva facultad para descongestionar y ayudar con el avance de las denuncias".
En total, la Dirección del Trabajo recibió 9.151 denuncias en tan solo cuatro meses tras la implementación de la ley. De ese total, 3.804 denuncias se encuentran en proceso de fiscalización activo, de las cuales el 67,8% han sido formuladas por mujeres; el 30,5% por hombres; y el 1,7% por personas en que su sexo no fue declarado.
La abogada María Francisca Montenegro, magister en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Talca y socia del Estudio Salinas Toledo, advirtió que "los tiempos de investigación de la Dirección del Trabajo -incluso para pronunciarse sobre los informes remitidos por las investigaciones llevadas a cabo por las empresas- presenta una manifiesta tardanza respecto del estándar legal. En ese sentido aún queda muchísimo por resolver en lo práctico y más aún, desde el ámbito judicial que, me parece, vendrá a resolver algunos vacíos legales y de interpretación administrativa".
