A cinco años de que comenzara el estallido social, el gerente general de Metro de Santiago, Felipe Bravo, reconoció en Cooperativa que la empresa no pudo prever que diversas estaciones fueran a ser atacadas con tal nivel de violencia desde el 18 de octubre de 2019 en adelante.
"Un par de días antes ya veníamos con situaciones bien importantes de manifestaciones de los estudiantes que estaban en un proceso que iba escalando, cada vez con más agresividad", recordó en El Diario de Cooperativa, de modo que "el jueves en la noche decidimos iniciar ese día con un despliegue especial".
El ejecutivo explicó que durante la jornada "distribuimos a todos nuestros ejecutivos por las distintas estaciones y estuvimos en un comité de crisis, que es lo que tenemos habitualmente cuando ocurre una situación relevante, monitoreando la situación. Tuvimos muchas manifestaciones, por distintos puntos de nuestra red, y tuvimos que ir tomando decisiones realmente muy complejas", hasta devenir en el cierre de todas las líneas por el recrudecimiento de la protesta.
"En los días previos, todos observábamos lo que venía escalando, pero eran principalmente manifestaciones estudiantiles, de estudiantes secundarios, cuyo objetivo era más bien interrumpir el servicio, alterar el normal funcionamiento. La verdad es que hechos de mayor violencia yo diría que sólo empezaron a verse en los últimos días -miércoles y jueves-, y ese viernes lo que uno podía prever era que pudiese haber mayores manifestaciones en ese sentido", es decir, del tenor de las evasiones masivas.
Por ende, admitió que "nadie de nosotros, en este entorno, pudo ni siquiera imaginar el nivel de violencia que se iba a desatar, especialmente el viernes en la noche, y después ese fin de semana y ahí en adelante. Estábamos preparados para ese tipo de incidentes (estudiantiles), no los que finalmente ocurrieron".
Dicho esto, Bravo destacó que a partir del 16 de octubre, Metro interpuso un total de 92 querellas por delitos ocurridos en sus estaciones, dentro de las cuales se identificó a "101 imputados y de esos, hay 53 personas condenadas al día de hoy por distintas causas: desórdenes; daños; daños calificados; Ley de Seguridad del Estado; incendio; robo y hurto".
