A dos días de que se cumpla el plazo para concretar su bullado desalojo, el Gobierno anunció este martes que expropiará 100 de las 215 hectáreas de la megatoma de San Antonio, en la Región de Valparaíso.
Según se informó, en una trabada y larga negociación, el Ejecutivo estaba proponiendo 0,23 UF por metro cuadrado (m²), una cifra que nunca estuvo cerca de lo solicitado por los propietarios, que no se bajaron de las 0,44 UF x m².
Debido a esto, se concretará la expropiación, cuyo valor se acerca a las tasaciones que hizo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de 0,22 UF x m².
En detalle, desde el Gobierno precisaron que esta medida busca impulsar un proyecto habitacional que sea una solución definitiva e integral para las familias del campamento Cerro Centinela.
"Este proyecto habitacional ocupará menos de la mitad de la actual megatoma. El Estado adquirirá el terreno y los pobladores colaborarán en el financiamiento de la urbanización, manteniendo el principio de corresponsabilidad", afirmó el ministro de Vivienda, Carlos Montes.
El secretario de Estado dijo que la expropiación se ampara en herramientas legales previamente utilizadas por diversos gobiernos, y enfatizó que usarán "todas las herramientas que nos da el Estado de Derecho para materializar esta solución. Esto incluye la expropiación de 100 de las 215 hectáreas".
La particularidad de la megatoma y el fracaso del diálogo
La ministra vocera, Camila Vallejo, detalló la situación, destacando que es "una toma que tiene características que no reúne ninguna otra toma y campamento de nuestro país. Es una toma totalmente excepcional".
Constituida desde 2018, el asentamiento ha crecido rápidamente, abarcando 215 hectáreas y albergando a más de 10.000 personas, incluyendo "alrededor de 4.000 niños", dijo la autoridad, lo que subraya la magnitud de la crisis humanitaria.
La ministra Vallejo califica la megatoma como "totalmente excepcional", destacando la presencia de más de 10.000 habitantes, incluidos 4.000 niños. (FOTO: ATON)
Ante esta realidad, el Presidente Gabriel Boric mandató a los ministerios de Vivienda e Interior a generar una conversación y un puente tanto con los pobladores como con los dueños del terreno". Sin embargo, el proceso de negociación para la adquisición de los terrenos mediante compra pactada no prosperó.
"Esto llegó a un punto donde la adquisición de terrenos mediante compra pactada con los dueños no llegó a puerto debido a que los precios que se pusieron sobre la mesa estaban muy por sobre el valor comercial que las propias tasaciones arrojaron", cuestionó Vallejo.
Un plan integral: Desalojo, proyecto habitacional y colaboración
La decisión de expropiar no implica un desalojo inmediato y masivo. El Gobierno ha concebido un plan integral que busca cumplir con la orden judicial sin generar una nueva crisis social.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, explicó que se trata de "un programa para proceder al desalojo que será informado a la Corte (de Apelaciones), que comprende, por una parte, los albergues que son provistos por el municipio, y por otro, la coordinación del esfuerzo que debe llevar adelante Carabineros con el objeto de que este proceso se desarrolle de manera exitosa".
Según detalló, este proceso es "en paralelo con el anuncio que se está realizando hoy respecto de las hectáreas que van a ser expropiadas para llevar adelante este plan habitacional".
El ministro Elizalde detalla un programa que combina albergues municipales y coordinación con fuerzas de seguridad para un desalojo "exitoso". (FOTO: ATON)
La expropiación de las 100 hectáreas permitirá el desarrollo de un proyecto habitacional donde los propios ocupantes, organizados en cooperativas, serán parte activa.
Se estima que alrededor de 3.700 familias de las 4.100 catastradas en la megatoma se beneficiarán de este proyecto, aunque unas 700 familias quedarían fuera de esta primera etapa.
Futuros desafíos legales
La expropiación, si bien ofrece una vía legal para la adquisición de terrenos ante la falta de acuerdo, abre un nuevo capítulo judicial.
La dirigenta Elizabeth Rivera dijo que "creemos y tenemos la convicción de que es una muy buena solución, esto se trabajó en conjunto, nosotros como cooperativas lo pedimos al Estado para que fuera para proyectos habitacionales. Hemos trabajado para que todas las familias que están dentro del cerro estén dentro de este proyecto y la solución habitacional sea la más favorable para todos y sin perjuicio ni a los dueños ni al Estado ni a nadie".
"Esto va a ser también con financiamiento de las cooperativas, cada cooperativa tiene un ahorro previo por hogar de un millón y medio de pesos. Si hay que poner más, las familias de todas las cooperativas están dispuestas a seguir solventando ese proyecto", añadió.
El valor final de la expropiación será determinado por peritos y, en última instancia, por los tribunales, lo que podría diferir tanto de la oferta gubernamental como de las exigencias iniciales de los propietarios.
