El titular de Vivienda advirtió que una acción así contra "10 mil personas -4.000 familias- es muy dura".
"Nosotros seguimos conversando y buscando soluciones", afirmó Montes.
La situación en la megatoma de San Antonio se agudiza ante el inminente desalojo que podría afectar a cerca de 10.000 personas instaladas en el Cerro Centinela, ya que la inmobiliaria propietaria del terreno anunció su intención de agilizar las maniobras para desocupar el predio.
Los ocupantes del terreno, que han conformado cooperativas para adquirir la propiedad, participaron en una mesa de trabajo con el Gobierno, instancia que hasta la fecha, no ha alcanzado un acuerdo con los dueños.
Frente a esta situación, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, realizó un llamado a agotar todas las posibilidades para poder llegar a un consenso.
"El desalojo está solicitado hace bastante tiempo (...) lo que pasa es que se suspendió un tiempo mientras se conversaba. En el tiempo que se conversó no se llegó a una solución, pero nosotros seguimos conversando y buscando soluciones", comentó la autoridad.
En esta línea, hizo un llamado "a los dueños, para que busquemos hasta el último momento (una solución), porque un desalojo de 10.000 personas, de 4.000 familias, es una situación muy dura, muy difícil y tenemos que agotar las posibilidades".
El secretario de Estado agregó que, si bien existen planes A, B y C -aunque no detalló su contenido-, espera que la voluntad de las autoridades y de las familias logren hacer eco en los dueños del terreno.
La inmobiliaria, por su parte, había expresado a través de un comunicado que, en más de seis meses, el Gobierno no había propuesto una solución viable para la empresa y que la política habitacional del Estado no puede ser financiada por un privado.
La diputada por Valparaíso Carolina Marzán (PPD) se sumó a las palabras del ministro, aunque llamando a acelerar las gestiones: "Se acaba el tiempo, y las conversaciones no llegan a buen puerto. Desalojar a más de 10.000 personas es un proceso doloroso, complejo y de enorme impacto en la comuna porque, además, diversas autoridades han señalado que sería muy difícil una reubicación en lo inmediato".
"Las exigencias actuales de los propietarios superan las posibilidades económicas de estas personas, y si bien la orden de desalojo está activa, es urgente llegar a un acuerdo", emplazó la parlamentaria.
Marzán reconoce que "nuestra región es la que más tomas tiene en Chile, y sin duda, es un desafío que debemos abordar en forma transversal, sin aprovechamientos políticos, y con una gestión que permita, por la incerteza de miles de familias, llegar a un acuerdo de manera urgente".
