Cerca de las 7:00 de la mañana de este martes, funcionarios de Carabineros, de la Delegación Presidencial y de la municipalidad de Viña del Mar llegaron hasta la toma Lajarilla, en Reñaca Alto, para efectuar el desalojo programado para esta jornada.
Inicialmente, el procedimiento estaba fijado para el 22 de febrero; sin embargo, la Corte de Apelaciones de Valparaíso decidió reprogramarlo tras una solicitud presentada por la defensa del dueño del terreno, el municipio y Carabineros.
Desde temprano, Carabineros desplegó un importante contingente en el sector. Paralelamente, los pobladores de la toma intentaron impedir el desalojo hasta última hora, sin éxito.
Pobladores conversaron con Cooperativa mientras retiraban sus enseres y acusaron ser estafados, ya que, llegaron en 2022 hasta el lugar con la promesa de poder comprar a en un futuro.
"Muchos pagamos nuestros terrenos, como hemos pagado todo con nuestro esfuerzo, pero todo fue una estafa a todos nos engañaron. Eso es un dolor grande que tenemos como persona, todos mis ahorros están en mi casa", dijo una vecina.
El abogado de los pobladores, Gustavo Burgos, hizo ver que "se solicitó garantizar condiciones de habitabilidad y sustentabilidad para las familias, además de medidas para trasladar y resguardar sus enseres personales. Ninguna de esas cuestiones se ha cumplido".
Según el defensor, la única información entregada previamente por la municipalidad fue en una reunión el pasado viernes, donde "no se especificó la ubicación de los albergues, ni la llegada de los camiones para trasladar las pertenencias de las familias".
"Yo me acabo de informar a través de un canal de televisión de que habrían lugares donde se habría dispuesto de albergues", reclamó.
Algunos pobladores se manifestaron en contra de la directora de Desarrollo Comunal de Viña del Mar, Camila Estay, quien en ese momento aseguró la disposición de albergues para los afectados. No obstante, los manifestantes la acusaron de "mentirosa".
"Se han identificado los grupos familiares donde hay situaciones de vulnerabilidad y grupos de especial protección, habilitando espacios transitorios de acogida, y también su traslado a albergues transitorios", ratificó la funcionaria más tarde.
En total, cerca de 450 personas residen en la toma, un equivalente a unas 86 familias. Ayer lunes en la noche, algunos habitantes se retiraron voluntariamente del sector.
Alrededor de las 14:00, se efectuó la entrada de maquinaria y actualmente, se encuentran trabajando en el desalojo. No se ha generado ningún inconveniente ni conflicto hasta el momento.
Retraso del dueño y molestia de autoridades
El delegado presidencial regional, Yanino Riquelme, expresó su molestia porque el dueño del terreno hizo presente en el lugar durante el horario estipulado, por lo que la llegada de la maquinaria también se retrasó, lo que no impediría a las familias volver a habitar el asentamiento.
"El dueño del predio en cuestión estaba realizando el despeje, apoyado por la fuerza pública y todo esto mandatado por los tribunales de justicia", sin embargo, aclaró que "todo se ha desarrollado en forma pacífica, se ha retirado todos los ocupantes del terreno", declaró Riquelme.
"La ilustre Municipalidad y el resto de los servicios público disponen de los albergues y todos los dispositivos sociales para apoyo y resguardo del derecho de las familias y todo con apego al resguardo de la integridad de las personas", destacó.
Durante la tarde, se desarrolló la destrucción de algunas viviendas y se mantuvo el cierre perimetral en el sector aledaño al terreno desalojado.
